El secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández, anunciaba este miércoles que han constituido una comisión interna para "clarificar y revisar" la documentación relativa a todos los programas que gestiona con financiación de la Junta de Andalucía, incluidos los relativos a fondos de formación, para detectar si hubiera algún "error" y, en ese caso, "corregirlo y reintegrar el dinero a la administración".
Fernández ha hecho este anuncio en Sevilla durante una rueda de prensa en la sede regional de UGT-A en la que también ha negado de forma tajante que el sindicato "haga o induzca a crear facturas falsas".
La Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, ha ordenado a la unidad adscrita de Policía Judicial que investigue la gestión de los fondos de formación de UGT tras las informaciones aparecidas en el El Mundo que apuntan a la posible falsificación de facturas por parte del sindicato para financiar la huelga general del 29 de septiembre de 2010, utilizando fondos para otras cuestiones.
Auditoría externa, sin indicios
Además, Fernández ha aseverado que en la auditoría externa, a la que se someten periódicamente, "no hay indicio de ningún error en los procedimientos", de manera que si lo hubiera, serían "los primeros sorprendidos" y tomarían las medidas necesarias.
Así, ha negado que el sindicato se quede con dinero de los desempleados, más bien colabora con este colectivo para cualificarlo para que tenga más oportunidades de cara al empleo, al tiempo que ha señalado que el sindicato justifica "hasta el último céntimo" de las subvenciones y "si no, no se les abona".
En este sentido, ha explicado que la Junta de Andalucía invierte entre "uno o dos años" en revisar el informe que el sindicato le remite tras la conclusión del curso, razón por la cual el sindicato tiene abiertas con entidades bancarias pólizas de crédito que le permiten mantener los cursos.
Si hay errores abonaremos los importes pagados indebidamente
Respecto a los fondos en formación en Andalucía, Fernández muestra la disposición del sindicato para clarificar la documentación y para garantizar la devolución si se encontrará algún "error". Para ello el sindicato va a crear un depósito notarial por el importe de 115.000 euros, cifra a la que asciende el 1,5% del gasto en publicidad referida a los fondos de formación.
El secretario general de este sindicato, que lleva poco más de tres meses en el cargo tras suceder al histórico Manuel Pastrana, asegura que se devolverá todo el dinero que se haya imputado de forma errónea a cursos y afirma que, con este fin, ha creado un “fondo notarial” de 115.000 euros.
Además, el sindicato abrirá una investigación interna para esclarecer las partidas cuestionadas, revisadas por la Junta de Andalucía y enviadas a la fiscalía.
Fernández Sevilla compareció para contrarrestar de esta forma el incesante goteo de noticias sobre supuestas irregularidades llevadas a cabo con fondos de los cursos de formación llevados a cabo por el sindicato y aportó su versión.
Antes afirmó: “UGT no se queda con dinero de los desempleados ni usa facturas falsas ni induce a falsearlas”. Esta afirmación responde a las acusaciones publicadas por El Mundo, y que han llevado a la Junta de Andalucía y a la fiscalía a pedir aclaraciones.
Las facturas dudosas están justificadas
Una de las facturas hace referencia al pago de 29.774,94 euros a Lienzo Gráfico Impresores en concepto de publicidad. La partida se cargó como coste de un curso de cuidador de discapacitados físicos y psíquicos, subvencionado por el Fondo Social Europeo.
Según UGT, este es el coste total de la revista Trabajo y diálogo social y el concepto que se imputa como publicidad al curso de formación es tan solo de 7,38 euros, que está, de acuerdo con el sindicato, “debidamente justificado”. En este sentido, UGT argumentó que “la propia Administración y los procedimientos reglados que existen obligan a destinar parte de las subvenciones concedidas para desarrollar los cursos de formación a la publicidad de los mismos”.
Al mismo argumento recurría el sindicato para justificar una factura emitida por Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua, y en la que figuran 10.575 euros cargados a un curso de enfermería en hospitalización. El sindicato argumenta que ese es el coste del envío postal de la revista y que a ese curso en concreto se le imputa un coste de solo 0,04 céntimos de euro.
Sánchez Sevilla también se refirió a la atribución de los 5.428 euros del coste de pintar un autobús utilizado para la movilización de la huelga general de 2010. Esta factura figura en el detalle de un curso de formación de monitores de educación ambiental y, de nuevo, UGT detalla que a este curso solo se imputa una cantidad del total, en concreto 19,56 euros.
Esta factura va acompañada de un cruce de correos electrónicos en los que el sindicato solicita a la empresa de rotulación del autobús que incluya el concepto “publicidad y programas de desarrollo de acciones formativas”. La factura se modifica en esos términos, pero se mantiene el epígrafe “Bus de la huelga”.
Fernández Sevilla insiste en que la cantidad “se encuentra debidamente justificada e imputada a dicha partida” y defiende que, en cualquier caso, su formación no falseó ni indujo a falsificar el concepto, sino todo lo contrario, a que “el importe de la factura se correspondiera con la realidad del gasto incurrido”.
Algunas lagunas que tendrán que ser investigadas
La documentación y las explicaciones de UGT dejaron lagunas sobre las facturaciones de comidas o material con cargo a cursos de formación o subvenciones, y el propio responsable entendió que habrá nuevas partidas dudosas que se comprometió a investigar. Añadió que son 7.000 los cursos impartidos en los que se pueden hallar facturas que habrá que aclarar, pero insistió en que UGT está dispuesto a devolver todas las cantidades que se demuestre que no están debidamente acreditadas.
También afirmó que comparecerá para dar cualquier información que se precise ante el Parlamento andaluz, la fiscalía y cualquier Administración que reclame datos.
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