La parlamentaria abulense, Mercedes Martín, ha criticado “el oscurantismo” que rodea este caso, sin que la Consejería de Sanidad haya dado una sola explicación sobre la cifra de pacientes afectados por este “gravísimo problema” ni acerca del número y tipo de pruebas que se han podido extraviar, de ahí que “cualquier alarma social que se produzca es exclusivamente atribuible a la falta de transparencia con la que está actuando la Junta de Castilla y León”.
Según Mercedes Martín, los usuarios del sistema público de sanidad, y en particular quienes tienen como centro de referencia el Complejo Hospitalario de Ávila, “tienen derecho a saber qué ha sucedido y qué consecuencias puede tener y está teniendo lo acontecido en los retrasos que registra la realización de radiografías y ecografías y, por tanto, en las listas de espera quirúrgicas”.
A juicio de la procuradora socialista, el problema surgido constituye “un ejemplo más de los efectos que sobre la sanidad pública tienen los duros recortes aplicados por el Gobierno de Rajoy”, que han supuesto dejar de invertir adecuadamente en tecnología y que queden obsoletos los sistemas informáticos necesarios para garantizar un mínimo de calidad en la atención sanitaria.