La Junta propone más actividad económica y creación de empleo

El consejero ha valorado el cumplimiento de este Pacto de Comunidad que se basaba en tres puntos fundamentales: en primer lugar, en el impulso de la participación de los grupos parlamentarios, agentes sociales y representantes de la sociedad civil en el Consejo de Políticas Demográficas, adquiriendo este un papel protagonista como instrumento para la definición de medidas frente a los problemas demográficos.

En segundo lugar, el Pacto establecía la actualización de la Agenda para la Población para extender su vigencia hasta 2020. Para ello se pusieron en marcha, en el ámbito del Consejo de Políticas Demográficas, cuatro grupos de trabajo compuesto por 198 personas representantes de 42 organizaciones sociales, que estuvieron trabajando en once reuniones sectoriales. Los cuatros grupos intervinieron sobre 110 medidas siendo suprimidas once, incorporadas 55 nuevas y modificadas 32, además de otras doce más en la introducción de la Agenda para la Población. Las propuestas de los grupos de trabajo fueron aprobadas por la Junta de Castilla y León el pasado 31 de agosto tras ser debatidas en el Consejo de Políticas Demográficas. Todas las medidas cuentan con su reflejo presupuestario anual en cada consejería competente.

En tercer y último lugar, el pacto implicaba situar los problemas poblacionales en el debate europeo, nacional y local. Para ello, Castilla y León ha tenido un liderazgo destacado tanto en la Unión europea como en el conjunto del Estado. (Ver anexo 1)

Líneas Estratégicas en materia demográfica

La Junta de Castilla y León ha definido cuatro líneas estratégicas para hacer frente a los retos demográficos actuales y de los próximos años:

1.- Para combatir los problemas demográficos es imprescindible la generación de actividad económica que cree riqueza y empleo, como mejor política para fijar población. Las medidas de empleo y desarrollo económico que impulsa la Junta se basan en dos ejes de actuación:

1.1.- En primer lugar, la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Trabajo, que con el consenso con los agentes sociales y económicos de la Comunidad constituye la columna vertebral sobre la que se basan las políticas activas de empleo hasta el año 2020.

En concreto, se están impulsando políticas de fomento del empleo basadas en la mejora de la calidad del empleo: ya en 2017 todas las contrataciones se realizaron a jornada completa con un mínimo de 180 días. Asimismo se han incrementado los fondos del Plan de Empleo Local en 2018 un 7,6 % hasta los 55,2 millones de euros para impulsar la cohesión territorial y hacer frente a los desafíos demográficos. Estas actuaciones han permitido la creación de 58.300 empleos desde el peor momento económico y la bajada de la tasa del paro desde el 22,7 % al 13,7 %, con 113.400 desempleados menos.

1.2.- En segundo lugar, el Acuerdo de Comunidad por la Reindustrialización, rubricado el 29 de marzo de 2017 por el presidente de la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, que reconoce el Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020 como el instrumento de referencia sobre el que se articula la estrategia de impulso a este sector que incluye, entre otros aspectos, alcanzar el 3 % del gasto público no financiero de las consejerías para 2019 en I+D+i y el reto de que la actividad de manufactura industrial alcance el 20 % sobre el Producto Interior Bruto autonómico en 2020.

2.- Garantizar unos servicios públicos de calidad y equidad y la mejora de dichos servicios en el territorio y en el mundo rural. La calidad de los servicios públicos prestados por la Junta está contrastada por entidades independientes como es el caso del Informe PISA o el barómetro sanitario, así como por la valoración de la atención a las personas dependientes que sitúa a la Comunidad a la cabeza de toda España.

La población solo se puede fijar allí donde hay servicios de calidad y las adecuadas infraestructuras logísticas, de comunicación, sanitarias y educativas.

3.- Mantener el impulso a las políticas territoriales y de ordenación del territorio y lograr el consenso necesario para aprobar el proyecto de ley de Ordenación del Territorio que garantice el mantenimiento de los servicios públicos, que son competencia del Gobierno Regional, y la gestión de competencias municipales en el medio rural, claves en la lucha contra la despoblación.

En esta línea, el Plan de Empleo Local desarrolla actuaciones territoriales concretas como las orientadas a los municipios mineros de León y Palencia así como el Plan de Dinamización de la provincia de Soria. Asimismo, es imprescindible el desarrollo de las políticas de desarrollo rural que contribuyen a fijar población en los núcleos rurales, con el objetivo de que los colectivos de jóvenes y mujeres adquieran mayor protagonismo en la dinamización y modernización de la agricultura tal y como la Junta ha reclamado, con el consenso de todos los grupos políticos y las organizaciones agrarias en el reciente documento que reclama una financiación suficiente de la PAC.

4. Un mayor desarrollo de las políticas de conciliación y apoyo a la familia que permita compatibilizar empleo y vida personal y familiar. Las políticas de conciliación se deben entender como el quinto pilar del Estado de Bienestar, junto con las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios sociales y la dependencia.

El Plan en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2018-2020, firmado el pasado 15 de febrero en el ámbito del Diálogo Social, compromete casi 6 millones de euros para estas políticas. Hay que destacar también el anteproyecto de la que será la primera Ley de Conciliación personal, familiar y laboral de España, presentado la semana pasada, que regulará medidas de apoyo para compatibilizar los tiempos de trabajo remunerado y los de la vida privada de los trabajadores.

Anexo 1

Principales instrumentos desarrollados frente a los retos demográficos:

1.- La Agenda para la Población, actualizada hasta 2020, por Acuerdo 44/2017, de 31 de agosto, de la Junta de Castilla y León.

2.- Dictamen del Comité de las Regiones sobre ‘La respuesta de la Unión Europea al desafío demográfico’, del que fue ponente Juan Vicente Herrera, y que fue aprobado por la unanimidad de sus 350 miembros en el Pleno de 16 de junio de 2016.

3.- Acuerdo de la Conferencia de Presidentes, celebrada en Madrid el 17 de enero de 2017, sobre la elaboración de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

4.- Documentos de trabajo preparatorios de la Estrategia Nacional, entre ellos se puede destacar el tratado en la reunión del Grupo de Trabajo de 14 de junio de 2017 sobre envejecimiento y longevidad.

5.- Declaraciones y acuerdos alcanzados en las reuniones del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos (FREDD) celebradas el 28 de octubre de 2016 en Cuenca y el 26 de junio de 2017 en Teruel.

6.- Acuerdos multilaterales con otras Comunidades Autónomas: la Declaración Institucional de Oviedo, de 4 de diciembre de 2017, de los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León, y la Declaración Institucional de León, de 19 de febrero de 2018, de los gobiernos de Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León.

7.- Documentos de trabajo de la Comisión sobre Demografía de la Conferencia de Presidentes de Asambleas Regionales de Europa (CALRE).

8.- Informes de trabajo de la Comisión del Senado sobre los Retos Demográficos.

9.- Informe presentado por la eurodiputada Iratxe García en la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, sobre el 'Despliegue de instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para abordar el cambio demográfico'.

10.- Acuerdo entre la Junta de Castilla y León y los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León sobre ‘Propuestas a la consulta de la Comisión sobre los Fondos de la Unión Europea en el ámbito de la Cohesión’.