La diputada del PP se muestra preocupada "por el personal de Administración de Justicia y los puestos de trabajo que se verían afectados por la supresión de oficinas registrales en Ávila", entre otras consecuencias de la aplicación de la Ley. El PP solicita al Gobierno que mantenga registros civiles y juzgados de paz y que adopte las medidas necesarias para preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito y garantizar el acceso a todos los ciudadanos.
La diputada abulense, Alicia García, ha registrado una pregunta por escrito al Gobierno ante la Mesa del Congreso en la que insta al Ejecutivo a revelar sus intenciones con respecto a la posible entrada en vigor "sin adaptación alguna" de la Ley 20/2011, de 21 de julio, cuando venza la prórroga en la que se encuentra el texto, el próximo 30 de junio.
La parlamentaria popular solicita al Gobierno de España que mantenga los registros civiles y juzgados de paz y que adopte las medidas necesarias, antes del 30 de junio, que preserven la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito y garanticen el acceso a todos los ciudadanos con una red de oficinas próxima en la provincia de Ávila, además impulsar el acceso al registro mediante servicios electrónicos en la provincia de Ávila. Pregunta, en caso de que finalmente esa entrada en vigor se produzca dentro de cinco meses y medio, por las "previsiones del Ministerio respecto al personal de Administración de Justicia y los puestos de trabajo que se verían afectados por la supresión de oficinas del Registro Civil en Ávila" ; por "qué funcionario será el encargado de los registros civiles"; por las previsiones "respecto a los juzgados de paz abulenses" ; y por la estrategia del Gobierno para "garantizar el acceso al Registro Civil, en igualdad de condiciones a todos los españoles, ya vivan en pequeños, medianos o grandes municipios".
Ante esta situación, que es claramente perjudicial para la España rural, el Grupo Popular en el Congreso ha tomado dos iniciativas.
La primera, volver a presentar la Proposición de Ley (PL) para adaptar la Ley del Registro con el fin de que "no toque la red de oficinas y encargue a los letrados de la Administración de Justicia la gestión del Registro. Una reforma ya propuesta en 2017 y que fue tumbada entonces por el PSOE y por Ciudadanos, y que no dio tiempo a debatirse la segunda vez que se presentó, en septiembre de 2019, pues concluyó la Legislatura", explica García.
En segundo lugar, y ya que "en año y medio el PSOE no ha hecho nada", los diputados populares han dirigido preguntas al Gobierno para conocer qué se está haciendo para evitar el cierre. Esa "ausencia de decisiones preocupa al personal de Administración de Justicia, a sindicatos, asociaciones de letrados, alcaldes y jueces de paz y también al Grupo Popular", explica la diputada abulense, que señala que "el PP tiene la voluntad política de solicitar al Gobierno que se hagan los necesarios y urgentes cambios en el texto legal, ofreciendo con esa PL una vía ágil para facilitar la necesaria adaptación y evitar el cierre de los registros civiles que tanto daño haría a nuestros municipios".
La Ley 20/2011, de 21 de julio, "supuso un hito en cuanto se abordaba la regulación de un nuevo modelo de Registro Civil tras la Constitución de 1978. Había llegado el momento de contar con un registro moderno, ajustado a los valores constitucionales y, en todo caso, universal, accesible y gratuito", recuerda García. No obstante, la Ley "se cerró en falso, sin ser dotada de la digitalización y las aplicaciones informáticas que precisaba para afrontar con solvencia el nuevo modelo y facilitar el tránsito".
Cuando se produjo la moción de censura, el Grupo Popular tenía avanzado el trabajo en el desarrollo reglamentario de la Ley, en la aplicación informática necesaria y en las demás medidas tecnológicas, además de contar con el compromiso de otros grupos para negociar la presentación de una norma de adaptación consensuada.
Para finalizar, Alicia García apunta que "el Registro Civil es un registro público que afecta a todos los ciudadanos y cumple con funciones tan relevantes como ofrecer seguridad jurídica sobre la propia existencia de las personas. Además de esta función eminentemente jurídica, también las oficinas del Registro sirven como importante instrumento de cohesión territorial dada la dispersión de los núcleos de población, las distancias entre ellos, y la diferente situación en cuanto a las dotaciones de infraestructuras tecnológicas, por ello es imprescindible que no se toque la red de oficinas".
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