Justicia

Laxitud legal, impunidad y desprotección social.

Un entrenador de fútbol de Ávila, Dionisio R., ha sido condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente de dos menores de 16 años. La Audiencia Provincial ha determinado que el acusado sometió a sus víctimas, que tenían 14 años en el momento de los hechos, a agresiones sexuales continuadas bajo amenazas y aprovechándose de su posición de autoridad. Este caso resalta la importancia de la protección infantil en entornos deportivos. Para más detalles, visita el enlace.

En 1966 el cineasta Arthur Penn filmó una excepcional película; “La jauría humana”.

Cuatro personas han sido arrestadas en Las Navas del Marqués, Ávila, por su presunta participación en el robo de 640 kilos de cable telefónico. La detención fue llevada a cabo por el Instituto Armado, que investiga el caso como un robo con fuerza. Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad y el vandalismo en infraestructuras de telecomunicaciones en Castilla y León.

Un funcionario de la prisión de Brieva, acusado de facilitar un teléfono móvil a Ana Julia Quezada, ha negado su implicación en este caso ante el juez. Quezada cumple una pena de prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz. El funcionario enfrenta cargos por cohecho, relacionado con un supuesto trato de favor a cambio de relaciones sexuales con la reclusa. La noticia se desarrolla en el contexto judicial y penal en Castilla y León.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena de 10 años y medio de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hija menor de edad entre 2014 y 2016. La sentencia, confirmada tras el recurso del condenado, se basa en el testimonio de la víctima y otras pruebas que demuestran más allá de toda duda razonable los abusos sufridos. Además, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 30.000 euros por daños morales. Esta decisión resalta la firmeza del sistema judicial en la protección de menores y el castigo a delitos sexuales.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Diputación de Ávila contra la decisión del Ministerio de Transportes que desestima la conexión de Ávila con la autovía A-6. Esta conexión ha sido una demanda histórica de la provincia durante casi dos décadas. El presidente de la Diputación, Carlos García, critica al Gobierno de Pedro Sánchez por despreciar las necesidades de Ávila y señala que se utilizaron informes sesgados para justificar la resolución, que fue considerada como un agravio para los abulenses. La Junta de Gobierno Provincial decidió iniciar acciones judiciales tras agotar la vía administrativa. El Ministerio tiene un plazo de veinte días para presentar los expedientes relacionados con esta decisión.

Un hombre ha sido condenado en Ávila a 12 años y medio de prisión por agredir sexualmente a la hija de su pareja durante tres años, entre 2013 y 2016, cuando la menor tenía entre 13 y 16 años. La sentencia fue dictada por la Audiencia Provincial de Ávila. Este caso resalta la importancia de abordar y prevenir la violencia sexual en el entorno familiar.

La toga ya no arropa la ley, sólo delata sumisión ideológica

La Fiscalía ha rechazado la solicitud de Ana Julio Quezada para personarse como acusación particular en el caso que investiga a funcionarios de la prisión de Brieva, quienes supuestamente le habrían otorgado favores, incluyendo un teléfono móvil, a cambio de mantener relaciones sexuales. Esta decisión se produce en el contexto de una investigación judicial en Ávila.

El PP de Ávila celebra la decisión judicial que revoca la reducción de personal en la estación de tren de Arévalo. Carlos García, presidente del partido, considera esta sentencia como un avance positivo para los trabajadores de ADIF y para la comunidad de La Moraña. La medida anterior amenazaba con el cierre total de la estación y representaba un ataque a las comunicaciones ferroviarias en la provincia. García destaca el compromiso del PP en defender los derechos de los ciudadanos y su lucha contra los recortes en servicios públicos, subrayando la importancia de la colaboración entre diferentes niveles de gobierno para lograr estos objetivos.

El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana han acordado reforzar el sistema de Justicia para abordar los procesos derivados de la DANA. En una reunión en La Moncloa, el ministro Félix Bolaños y la consellera Nuria Martínez discutieron las necesidades del Servicio Público de Justicia en la Comunidad Valenciana. Se ha decidido trabajar conjuntamente para evitar la sobrecarga administrativa y facilitar la tramitación adecuada de las causas relacionadas con este fenómeno. Además, se valorará positivamente la solicitud del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para nombrar un juez de refuerzo en Catarroja. La implementación de la Ley de Eficiencia también fue un tema clave, con planes para transformar 417 juzgados unipersonales en 36 Tribunales de Instancia. Hasta ahora, se han destinado más de 41 millones de euros para adaptar la Comunidad Valenciana a este nuevo modelo organizativo.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha solicitado a Francia más información sobre la investigación del programa Pegasus, que afectó a dispositivos móviles de altos funcionarios españoles. Ha emitido una orden europea de investigación al Tribunal Judicial de París y enviado una nueva comisión rogatoria a Israel para obtener datos de NSO Group y la declaración de su CEO. La investigación busca esclarecer las infiltraciones en los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y otros ministros, destacando la dificultad de atribuir el ataque debido a la naturaleza del spyware. Esta acción se inscribe en el caso Pegasus, que ha generado gran interés mediático y político.