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ministerio de derechos sociales

21/01/2025@15:20:21

En su primer año de funcionamiento, las tarjetas monedero han llegado a 70.316 familias vulnerables en España, según datos de Cruz Roja. Este programa, que permite la compra de alimentos y productos de primera necesidad en supermercados, fue implementado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. A partir de 2025, las Comunidades Autónomas gestionarán el programa de manera independiente. Las tarjetas están destinadas a familias con niños en situación de privación material severa, promoviendo un acceso más inclusivo y menos estigmatizante a recursos esenciales. La asistencia económica varía según el tamaño familiar, con un enfoque especial en la reducción de la pobreza infantil.

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha presentado en Bruselas una guía pionera para combatir el "ecopostureo", que se refiere a las prácticas engañosas de empresas que afirman ser respetuosas con el medio ambiente sin evidencia científica. La 'Guía de Comunicación Sostenible' ofrece estrategias para identificar el greenwashing y está dirigida a empresas en toda Europa. Bustinduy destacó que el 42% de las afirmaciones ambientales son cuestionables y llamó a las empresas a proporcionar información veraz sobre sus compromisos climáticos. Además, se mencionaron próximas legislaciones en la UE que fortalecerán la protección del consumidor frente a estas prácticas desleales.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado que 65.000 familias en situación de vulnerabilidad ya han recibido las tarjetas monedero, un nuevo programa que les permite adquirir alimentos y productos esenciales en supermercados. Este sistema, que tiene como objetivo combatir la pobreza infantil y facilitar el acceso a productos frescos, está previsto que llegue a un total de 70.000 familias. Las tarjetas se cargarán trimestralmente y su uso se extenderá hasta marzo de 2025. El programa, impulsado por el Fondo Social Europeo Plus, reemplaza al antiguo Programa FEAD y busca ofrecer una alternativa digna para quienes enfrentan privación material severa.

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La Dirección General de Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar miles de anuncios con publicidad ilícita. A pesar de un requerimiento previo para eliminar estos anuncios, la empresa no cumplió, lo que podría resultar en multas que alcanzan hasta 100.000 euros. Esta acción se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre prácticas comerciales desleales en el sector turístico y busca proteger los derechos de los consumidores en España.