Las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad una PNL de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos para que la Junta se dirija al Gobierno de la nación, con el fin de elaborar una normativa que regule de forma homogénea en todo el territorio nacional la instalación de circuitos cerrados de televisión (CCTV) en los mataderos, como apoyo a los servicios veterinarios oficiales en materia de bienestar animal, normativa que sea elaborada de acuerdo con los sectores implicados (entre otros, representantes de OPAS, cooperativas, operadores de mataderos, sindicatos, etc).
