“La llegada de una terrible ola de frío debido al temporal Filomena ha elevado, más si cabe, la exigencia económica sobre las familias, autónomos y pymes españolas”, ha lamentado el portavoz de la formación liberal, Carlos López, quien ha hecho referencia a la “subida del 27% al precio de la electricidad, que se suma a la ya de por sí precaria y angustiosa situación económica derivada de la pandemia”.
López, además, ha recordado que “España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea”, lo que supone “no sólo una importante carga para los bolsillos de nuestros ciudadanos, sino que también erosiona la competitividad de nuestras empresas”.
En este sentido, el edil de Cs ha recordado que “en la factura de la luz no solo se cobra el coste del kilovatio hora, sino que también se imputan distintos costes no relacionados directamente con el suministro”: como el IVA del 21%, el impuesto sobre la electricidad, el impuesto sobre la generación eléctrica, la tasa hidroeléctrica, las tasas nucleares, la tasa ENRESA, los costes extrapeninsulares o el fomento de las energías renovables.
La situación actual derivada de la pandemia, ha provocado una abrupta y peligrosa crisis económica en nuestro país que debe llevar a considerar – al menos de manera excepcional – “valorar la reducción de otros costes del suministro eléctrico, como la doble imposición que existe en relación al Impuesto sobre la Electricidad, que forma parte de la base imponible del IVA aplicable en las facturas”.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos solicitará al Pleno del ayuntamiento instar al Gobierno de España a impulsar medidas como acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural; establecer un tipo de IVA reducido (10%) para las facturas de la luz y del gas natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia de la covid-19; impulsar una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que determinan su coste actual e impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno.