Así, desde este grupo político plantean al equipo de gobierno de la Diputación de Ávila, Carlos García, y al presidente del Consorcio de la Zona Norte, José Luis del Nogal, que se apliquen “una doble voluntad política: la de ayudar a quien lo necesite y la de cumplir con la legalidad”.
De esta forma, les solicitan que “busquen la manera de ayudar a los empresarios y autónomos de la provincia conforme al ordenamiento jurídico” y que lo hagan “cuanto antes”, pero “con responsabilidad” y “sin que nadie tenga que sacarles los colores por hacer caso omiso de los informes técnicos”.
Asimismo, desde el Grupo Provincial XAV reclaman al presidente del Consorcio, José Luis del Nogal, “que busque el consenso desde el máximo respeto a las instituciones a las que representa”.
En este sentido, han pedido a del Nogal que “piense de nuevo lo ocurrido en la Junta de Gobierno” de dicha entidad y que “haga examen de conciencia” para que “no se vuelva a abochornar a los ciudadanos con decisiones políticas que no se ajustan a las normas”.
Además, desde el Grupo Provincial XAV aclaran que “esto no es una confrontación política entre el PP y Por Ávila” sino “una llamada de atención hacia el necesario cumplimiento de las obligaciones legales por las que, como representantes políticos, debemos velar”.
Prueba de ello es que la postura del Grupo Provincial Por Ávila en la Asamblea del Consorcio se corresponde con la que tuvieron todos los grupos políticos del Ayuntamiento –PSOE, CS y XAV– con representación en la Junta de Gobierno del Consorcio.
El pasado 9 de junio tuvo lugar la Junta de Gobierno del Consorcio Provincial Zona Norte, seguida de una Asamblea General extraordinaria. En la Junta de Gobierno se acordó, en el punto número 2 del orden del día, la aprobación de las bases de una convocatoria de ayudas para toda la provincia por valor de 300.000 euros.
Dicha convocatoria contaba con los informes desfavorables tanto del secretario como del interventor de la institución, con un reparo suspensivo.
Por parte del interventor, que lo es tanto de la Diputación como del Consorcio Zona Norte, se manifestaba: «el motivo del reparo es la falta de competencia del Consorcio Zona Norte de Ávila para otorgar un beneficio fiscal mediante una subvención”. Se añadía que dicho reparo “tiene carácter suspensivo, por basarse en el motivo recogido en el artículo 12.3 a) del Real Decreto 424/2017 y 216.2 del TRLRHL: falta de competencia para la aprobación”.
El secretario de ambas instituciones se manifestaba de la siguiente forma: “cabe advertir que la ayuda que, por su virtud, pretende reconocerse a terceros no resulta ajustada al concepto legal de subvención, desde la perspectiva de la doctrina del Tribunal Supremo”. Añadía en su informe que “el procedimiento de convocatoria de ayudas individuales, sometido a informe, implica el ejercicio de una potestad administrativa con una finalidad distinta de la prevista en el ordenamiento”. También indicaba que “el Tribunal Supremo, en sentencia 1979/2014 de 19 de mayo, hizo un pronunciamiento claro y contundente contrario a estas prácticas”.
Esta grave situación provocó que los tres representantes del Ayuntamiento de Ávila (de CS, PSOE y XAV) en la Junta de Gobierno del Consorcio Provincial Zona Norte votaran en contra de este punto. Todos ellos recordaron que lo que se presentaba no se ajustaba a derecho.
Dado que tanto el secretario como el interventor, así como los grupos políticos mencionados y el propio presidente del Consorcio manifestaron que esta línea de ayudas podría no ser legal, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ávila van a estudiar «la posible impugnación del acuerdo», tal y como manifestó el Consistorio en nota de prensa.
Asimismo estudiarán «si el levantamiento del reparo y la adopción de dicho acuerdo pudieran ser constitutivos de un posible delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos». En tal caso, «inmediatamente se pondrían en conocimiento de la Fiscalía», según explicaron.