Durante las últimas semanas el campo abulense ha salido a la calle para demandar mejoras para el sector de la agricultura y la ganadería, en busca de soluciones para la precaria situación en la que se encuentra el sector agroalimentario. Una situación motivada por diversos factores: la sequía, el encarecimiento de los costes de producción, la falta de rentabilidad de las cosechas, el incumplimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, la entrada de productos procedentes de otros países con menores requisitos de producción, y el cambio en la Política Agraria Común.Durante las últimas semanas el campo abulense ha salido a la calle para demandar mejoras para el sector de la agricultura y la ganadería, en busca de soluciones para la precaria situación en la que se encuentra el sector agroalimentario. Una situación motivada por diversos factores: la sequía, el encarecimiento de los costes de producción, la falta de rentabilidad de las cosechas, el incumplimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, la entrada de productos procedentes de otros países con menores requisitos de producción, y el cambio en la Política Agraria Común.
Ante estas reivindicaciones de los agricultores y ganaderos de la provincia de Ávila, la declaración institucional planteada desde Por Ávila muestra el apoyo del Pleno de la Diputación Provincial a las demandas de las organizaciones profesionales agrarias de Ávila ASAJA, Alianza UPA-COAG y Unión de Campesinos UCCL, que se plasman en 18 medidas acordadas entre ellas.
Medidas que pasan por la puesta en marcha de un plan de choque, con dotación económica suficiente, para articular medidas ante el incremento de los costes de producción agrarios, la necesidad de una PAC y un Plan Estratégico más justos, la eliminación del Cuaderno Digital de Explotación o reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países.
Además, se demandan precios justos para el agricultor y ganadero e impedir la especulación de los intermediarios, poner tope al gasóleo agrícola y reducir los impuestos especiales y el IVA de los carburantes, reducir las tarifas eléctricas, revisar la normativa en materia de sanidad y bienestar animal, tratamientos fitosanitarios y abonado de los suelos agrícolas, que el lobo deje de ser especie especialmente protegida, negociar un nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, así como otras medidas que permitan el relevo generacional en el campo y ayudas a la modernización de las explotaciones.