Unión Progreso y Democracia de Ávila rechaza el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ya que consideran que supone un ataque directo a la democracia española.
Consideran que al dejar sin funciones a las instituciones que eligen los ciudadanos y reforzar otras que no son de elección directa y que no responden ante el cuerpo electoral, no aporta soluciones para los verdaderos problemas de la Administración Local pues ni elimina duplicidades ni soluciona la financiación.
UPyD considera que esta regulación va en la dirección contraria que exige una verdadera reforma de nuestras debilitadas instituciones y un reforzamiento de la democracia y del control de los ciudadanos sobre las mismas.
Con esta Ley se van a potenciar los peores incentivos: la falta de control democrático, la partitocracía, la ausencia de transparencia y la inseguridad jurídica, y además se van a incrementar los gastos- aseguran para resumir que si la Ley se aprobara en estos términos, generaría administraciones menos racionales, más insostenibles y menos democráticas.
A juicio de UPyD, el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno no afronta los principales problemas de las corporaciones locales españolas y apuesta por reforzar el papel asistencial de las Diputaciones provinciales, una decisión que puede agravar los problemas de la Administración Local al favorecer la ineficacia en la prestación de los servicios públicos, el clientelismo y la lacra de la corrupción y que conllevará mantener como carcasas vacías miles de municipios que dejarán de cumplir las funciones políticas que les atribuye la Constitución.
Al respecto, la formación magenta lamenta que la propuesta del Partido Popular mantenga una estructura institucional desmesurada, lo que supone un caldo de cultivo de partitocracia, despilfarro y corrupción. A ello se suma que la propuesta obvia el control efectivo de las administraciones locales.
Así, el Gobierno apuesta por reforzar el papel asistencial de las diputaciones provinciales y llena el territorio español de municipios sin capacidad de cumplir las funciones políticas que les atribuye la Constitución. Tampoco deja claro cómo se financiarán los servicios y además, fomenta el desarrollo de figuras intermunicipales como mancomunidades, comarcas, consorcios, etcétera, organismos con un débil control democrático, costes elevados, ineficientes y favorecedores de clientelismos políticos.
UPyD alerta de que esta reforma incurre en el incurre en el error de mantener la competencia de urbanismo en manos municipales para el planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística, ignorando la extendida corrupción urbanística generada por esta competencia en los municipios españoles.
Para UPyD es necesaria la reforma de la administración local para crear un entramado institucional viable, mediante una reforma de la Constitución y el desarrollo legislativo correspondiente.
Esta modernización pasa necesariamente por la fusión de municipios, que reforzaría el municipalismo real, la desaparición de las diputaciones provinciales y la definición detallada de un mapa competencial.