La atención sanitaria a los inmigrantes y las becas para libros de texto han sido otros de los temas abordados durante el Pleno.
En la segunda sesión del Pleno celebrada el miércoles en Valladolid, las Cortes han respaldado finalmente el Decreto Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La postura del parlamento autonómico representa el compromiso de Castilla y León con el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y el objetivo del déficit.
Tras el rechazo por parte de PP y PSOE de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Mixto, tanto los miembros de la Junta, como los grupos socialista y popular han defendido la ley de estabilidad como instrumento que transmitirá la seguridad necesaria para que los mercados vuelvan a confiar en las cuentas autonómicas. Asimismo, la ley permitirá aliviar la tensión producida por los tipos que soporta la Comunidad en su financiación y hará posible el mantenimiento de las prestaciones sociales.
El documento determina las medidas que a tomar con el fin de garantizar la estabilidad de las cuentas públicas. Según la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, la ejecución de las disposiciones previstas requerirá un ejercicio de responsabilidad por parte del Ejecutivo.
Por otro lado, la propuesta socialista referente a una inminente convocatoria de las ayudas destinadas a la adquisición de libros de texto y su desembolso antes del final del primer trimestre del presente curso ha sido rechazada por las Cortes. La proposición, presentada en pleno por Ángela Marqués, portavoz de educación, y que también incluía la duplicación del presupuesto destinado a estas ayudas, ha sido recusada con los votos de casi la totalidad de los populares.
En materia de sanidad, la atención a inmigrantes dominó el debate político. La portavoz de sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Mercedes Martín, instó a la Junta a rechazar el Real Decreto del Gobierno por el que los inmigrantes en situación irregular quedan excluidos de atención sanitaria pública. Por el contrario, el PP justificó la medida como un instrumento para acabar “con el turismo sanitario”, según esclareció el procurador Jerónimo Bermejo.