José Alberto Novoa, coordinador provincial de IU Ávila, pone en cuestión que la Junta “ponga al servicio del beneficio privado los recursos y empleados públicos de la residencia de la tercera edad”. Un híbrido “legal pero muy sospechoso”
Izquierda Unida de Ávila lamenta la “adjudicación a la carta” que la Junta de Castilla y León ha llevado a cabo sobre la nueva residencia para personas con enfermedad mental de Ávila, un centro “que vuelve a vivir otro oscuro capítulo en la dilatada historia de una residencia que tendría que haber estado en marcha en 2011 y, camino del 2015, aún seguimos hablando de ella”, comenta José Alberto Novoa, coordinador provincial de Izquierda Unida de Ávila, ante un último capítulo relacionado en este caso con la privatización de la gestión de la misma.
Una privatización “no solo innecesaria, dado que estamos hablando de unos gastos perfectamente asumibles por la administración regional, sino porque un servicio esencial como éste se pone en manos del mejor postor, a la carta y el gusto de las empresas” critica José Alberto Novoa tras la denuncia efectuada en su momento por UGT sobre un procedimiento por el que la gestión de la misma ha quedado en manos de una empresa privada “que podrá hacer uso de la cocina de la residencia de la tercera edad de la Junta de Castilla y León, sus empleados públicos y sus recursos alimenticios”. Porque para Novoa “la Junta de Castilla y León se han inventado un peligroso híbrido en el que pone al servicio de los beneficios privados los recursos públicos de la actual residencia pública de la tercera edad”.
Todo ello en una adjudicación que preocupa especialmente en el seno de Izquierda Unida de Ávila ante “la falta de experiencia en el sector de la empresa privada por la que se ha optado”, una cuestión que pone en entredicho una concesión “que con independencia de que se pueda ajustar a la legalidad, no deja de ser sospechoso”, apunta Novoa en un momento en el que también se encuentra en el centro de las críticas la adjudicación de los comedores escolares a la empresa que peor calificación tuvo en los menús escolares. Por último “suponemos y esperamos que la Junta de Castilla y León y el Partido Popular sean conscientes de que la empresa adjudicataria ha sido relacionada con la polémica Gürtel, lo que no resulta ya casual en las privatizaciones del Partido Popular, lo que supone un grado de inmoralidad bastante despreciable”.