El objetivo de este procedimiento es facilitar el intercambio de información en aquellos casos en que se consideren o detecten situaciones de riesgo grave e inminente para los trabajadores a través de la observación de los agentes de la Guardia Civil. Los agentes, en su labor de vigilancia habitual, informarán a la autoridad laboral, ostentada por la Dirección General de Trabajo, cuando en algún centro de trabajo, principalmente de los sectores de la construcción y agrario, se estén vulnerando de manera notoria y ostensible las normas sobre prevención de riesgos laborales que puedan constituir infracciones graves o muy graves según el ordenamiento jurídico. Asimismo, la Guardia Civil comunicará a la autoridad laboral la información de los accidentes laborales, independientemente de que sean o no comunicados por el sistema 1-1-2. Esta labor de vigilancia tendrá una especial trascendencia en el entorno rural.
Por su parte, la Consejería de Empleo pondrá en conocimiento de la Guardia Civil el resultado de las actuaciones que realice en materia de accidentes laborales. Además, y para lograr una mayor eficacia en la comunicación de las situaciones detectadas en materia de prevención, la consejería formará en materia de Seguridad y Salud Laboral a los agentes que intervengan en este operativo con cursos que se pondrán en marcha de común acuerdo.
Asimismo, la Guardia Civil podrá desarrollar, dentro de sus actuaciones de control, labores de información a través del desarrollo de campañas específicas limitadas en tiempo y referidas, por ejemplo, a problemas como los accidentes ‘in itinere’ o la siniestralidad de los autónomos agrarios, entre otras. Estas campañas de información podrán ser difundidas por las partes conjuntamente o de forma individual.
II Estrategia Integrada
Este acuerdo cumple con uno de los compromisos adquiridos en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, firmada el pasado 27 de enero de 2016 entre los agentes económicos y sociales y la Junta de Castilla y León.
La II Estrategia incluye el ‘V Acuerdo para la Prevención de Riesgos laborales en Castilla y León’, que tiene como objetivos aproximarse a la siniestralidad cero; lograr la máxima coordinación con todos los agentes en prevención; fomentar la cultura preventiva; la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo; la eficacia y eficiencia en la prevención y la gestión del envejecimiento de la mano de obra; los nuevos riesgos emergentes y la prevención de enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo.
Este Plan de Prevención de Riesgos Laborales prevé actuar con la máxima coordinación y colaboración con otras consejerías, con la Administración del Estado, así como con otras entidades o instituciones. En concreto, el procedimiento operativo de colaboración firmado hoy se enmarca en el ámbito de la medida 17 del Plan de Prevención que prevé la “colaboración con otras administraciones, instituciones y organismos al objeto de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral”.
Hay que recordar también que dentro de la actividad de coordinación, la Consejería de Empleo y la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desarrollan anualmente y de forma conjunta una planificación de actuaciones de la actividad inspectora que cuenta con cuatro áreas: prevención de riesgos laborales y relaciones laborales, que son competencia de la Junta, y las de Seguridad Social y Economía Irregular, que son competencia del Estado.
Guardia Civil
La Constitución Española establece que la Guardia Civil, como cuerpo de seguridad del Estado, tiene asignadas las misiones genéricas de “protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana”, así como la de “auxiliar y proteger a las personas”.
Ahorro de costes humanos y económicos
Distintos estudios indican que, además del coste humano y personal de un accidente laboral, por cada euro que se invierte en Seguridad y Salud en el Trabajo hay una rentabilidad de 2,2 euros y que la relación entre coste y beneficio al mejorar la Seguridad y Salud en el trabajo es positiva. Por otra parte, se estima que la carga económica de las malas prácticas en seguridad y salud laboral es de un 4 % del Producto Interior Bruto global de cada año. Asimismo, la inversión media en medidas preventivas es 30 veces menor que el coste que origina el propio accidente de trabajo.
De esta forma, se concluye que las ventajas económicas de una buena Seguridad y Salud en el trabajo para las empresas grandes y pequeñas son significativas: aumenta la productividad de los trabajadores, reduce el absentismo, reduce las indemnizaciones y cumple los requisitos de los contratistas de los sectores público y privado.
En 2018, la Consejería de Empleo destinará 6,2 millones de euros a labores de formación, sensibilización sobre la cultura preventiva, asesoramiento y apoyo técnico, con un incremento del 2,6 % frente al ejercicio anterior, que ya contó, a su vez, con un crecimiento superior al 7 %. La cooperación de los distintos agentes ha permitido reforzar las condiciones de seguridad y salud laboral en la Comunidad para seguir avanzando en la consecución del objetivo de siniestralidad cero en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.