Según información de Europa Press, el montante del convenio es de 1,7 millones de euros, de los que la Junta aportará el 59 por ciento y la Diputación el 41 restante, y el acuerdo se pone en marcha una vez que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente "ha cumplido el objetivo de sellar los 132 vertederos existentes en la provincia de Ávila, para lo que ha invertido 23 millones de euros".
El convenio firmado este lunes define los compromisos y las líneas de actuación de cada una de las administraciones, que consisten en la ejecución de los trabajos de restauración de un total de 151 escombreras que forman parte del inventario de vertederos ilegales de residuos de construcción y demolición así como las acciones encaminadas a evitar la aparición de nuevos depósitos ilegales de residuos de construcción y demolición.
Según el consejero, la Junta será "responsable de contratar y ejecutar los trabajos de restauración de las escombreras, así como las asistencias técnicas necesarias, tales como proyectos técnicos, direcciones de obra o asistencias técnicas a esta, y de financiar los trabajos de restauración de las escombreras por un importe máximo de 1.015.000 euros".
Además, deberá compartir con la Diputación de Ávila y los ayuntamientos implicados la información precisa para la ejecución de las actuaciones que corresponda y asesorarlos en materia de residuos.
La consejería deberá promover una campaña dirigida a concienciar a la población sobre la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición generados en obras menores de construcción y reparación domiciliaria en ambas provincias.
Por su parte, la Diputación de Ávila prestará el servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos de construcción y demolición procedentes de obras menores que se generen en todos los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, mediante la colocación de contenedores específicos en áreas de aportación de residuos o a través de puntos limpios y garantizará su funcionamiento y el correcto tratamiento de los residuos a través de los gestores autorizados correspondientes a cada caso.
También deberá poner a disposición de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente los terrenos titularidad de la Diputación en los que se sitúan las escombreras y facilitar la puesta a disposición de los terrenos de titularidad municipal e instar a los municipios a que adopten las medidas de vigilancia, inspección y control de las escombreras recuperadas.
El pago de todas estas actuaciones asciende a 703.000 euros. El convenio prevé la creación de una Comisión de Seguimiento con representantes de los organismos firmantes y que será la encargada de velar por el correcto funcionamiento de los acuerdos, que mantendrán su vigencia hasta diciembre de 2019.