Según informa Europa Press, Los investigados adquirían vehículos de segunda mano que, tras ser objeto de una serie de reformas (pintado, retroquelación de un nuevo número de bastidor falso, arreglo de algunas piezas), eran vendidos como nuevos.
Aprovechando la condición de fabricantes autorizados, expedían una nueva documentación para los vehículos, retrasando de ese modo las inspecciones periódicas a que estaban obligados por su antigüedad, dado que eran nuevamente matriculados.
La presente operación tiene su origen en la detección, por parte del Servicio de Industria de la Junta de Castilla y León, de una serie de irregularidades en numerosos vehículos, cuyas inspecciones técnicas eran informadas como desfavorables, lo que provocaba la inmovilización de éstos.
Ante el grave perjuicio ocasionado a los legítimos propietarios, que a raíz del resultado de las inspecciones sus vehículos sólo estaban autorizados a circular con ellos para acudir al taller y volver de nuevo a la estación ITV, se inició la operación 'Retosal' para conocer las circunstancias y el origen de la problemática surgida.
Por todo ello, y tras realizar las gestiones tendentes a esclarecer los hechos, se averiguó que los vehículos en cuestión habían sido vendidos por unas determinadas empresas.
MÁS BARATOS QUE LOS NUEVOS
En el transcurso de la investigación se constató que una de las empresas adquiría mediante distintas formas vehículos usados sin importar la antigüedad. Una vez estaban en su sede, eran sometidos a un proceso de reformas para que pareciera que habían sido fabricados recientemente, dándoles la apariencia de ser vehículos nuevos. Tras este proceso eran ofertados a un precio superior al de mercado de segunda mano e inferior al de nueva adquisición.
Una vez que un posible comprador se interesaba en adquirir uno de estos vehículos, se realizaban las gestiones necesarias para ser matriculado como nuevo en la correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico, consiguiendo de esta manera legalizar la circulación de los mismos.
Sólo cuando éstos pasaban la ITV obligatoria, una vez transcurridos los años establecidos por normativa, o en las numerosas inspecciones realizadas por componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ávila, fue posible la detección de numerosos desajustes entre las características técnicas especificadas en las documentaciones y las características que realmente presentaban estos vehículos.
Otro 'modus operandi' detectado durante el desarrollo de la operación consistía en la fabricación y venta a un mismo comprador de dos remolques de iguales características y con el mismo número de bastidor.Posteriormente se matriculaba un único vehículo, cuya documentación se aprovechaba para amparar la circulación de ambos.
Mediante este sistema se amparaba la circulación de dos vehículos de iguales características, igual bastidor y misma matrícula, con una única documentación.
En caso de ser inspeccionados existiría una relación entre documentación, matrícula y número de bastidor, siendo casi imposible la detección de la irregularidad.
De esta manera la empresa compradora se ahorraba todos los gastos ocasionados por el mantenimiento de uno de los vehículos (seguro obligatorio, inspecciones técnicas, impuestos, etc).
Hasta este momento el resultado de la operación policial se ha saldado con la detención de una persona y la investigación de otras seis.
Por otro lado, se han inspeccionado un total de cuarenta vehículos, de los cuales han sido puestos a disposición judicial catorce, al haberse detectado distintos tipos de falsificaciones, tanto en las documentaciones como en los vehículos.