El 23 de enero de 2018 se celebró, en los juzgados de Ávila, el juicio contra Antonino González Canalejo, ex concejal de IU en Barco de Ávila y Manuel Hernández Leal, miembro de Ecologistas en Acción, por unos hechos ocurridos en 2006.
El pasado cinco de marzo se comunicó a los interesados el fallo absolutorio por la querella presentada en 2007 por el propietario de la antigua empresa que gestionaba la estación de esquí de la Covatilla.
Antonino González y Manuel Hernández han comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para detallar la sentencia, absolutoria después de que la fiscalía hubiera retirado la acusación durante el juicio, criticar lo "disparatado" del procedimiento judicial -no había ningún documento original- y arremeter contra los intereses políticos y empresariales de entonces que estuvieron detrás de la querella, trasladaron, así como "el linchamiento moral" al que fueron sometidos.
En el año 2006, la antigua empresa que gestionaba la Covatilla, GECOBESA, se querelló contra estos dos ecologistas porque compraron unas onzas de aprovechamientos ganaderos en unos pastos de montaña de la localidad del Tremedal, limítrofes a la estación de esquí, ahora gestionada por el Ayuntamiento de Béjar, que pretendía ampliarse a través de estos terrenos.
La empresa Gecobesa era propietaria a su vez de onzas en esta finca comunal y por eso no le gustó nada que personas y colectivos defensores de la montaña de la Sierra de Béjar participaran en dicha comunidad de propietarios y pudieran bloquearles sus fines productivistas.
En el juicio se llegó a pedir 2 años de prisión y se fijó una fianza de 50.000 euros que fue en su día avalada. La acusación no lleva ningún fundamento, pero estos compañeros llevan enmarañados en este laberinto judicial más de diez años.
En su día la empresa propuso retirar la denuncia a cambio de que los acusados abonen la minuta de los abogados de Gecobesa. Pacto al que, por dignidad, se han negado a aceptar