“Este tipo de medidas no ayudan a revertir la despoblación de nuestros pueblos”, ha lamentado el portavoz de Por Ávila en la Diputación, quien ha explicado que las últimas modificaciones de la Ley de Urbanismo de Castilla y León “dejan prácticamente inutilizable el suelo rústico”, y supone “repentina limitación en la regularización de usos permitidos” en el mismo.
Por este motivo, Por Ávila presentará una moción en el próximo Pleno de la Diputación para instar a la Junta de Castilla y León a que modifique la legislación urbanística vigente con el objeto de “racionalizar los usos permitidos en suelo rústico”.
El portavoz de Por Ávila en la Diputación, Alberto Encinar, ha defendido que los pequeños propietarios del medio rural puedan construir casetas de aperos en suelo rústico “sin miedo a multas de miles de euros”. Si la legislación regional permitiera este tipo de construcciones, “el uso del suelo rústico sería mucho más adecuado” y se evitarían “multas de entre 1.000 y 10.000 euros”, ya que estas pequeñas casetas “se siguen construyendo”.
Encinar se refiere a la Ley 7/2014 de 12 de septiembre, de Medidas sobre Rehabilitación y Regeneración y Renovación Urbana, y sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en Materia de Urbanismo. Se trata de una modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León en cuya redacción relativa al suelo rústico –artículo 23- no se menciona el supuesto de la construcción de las casetas de aperos. De esta manera, existe una “imposibilidad legal para que los propietarios de los terrenos en suelo rústico puedan realizar instalaciones, construcciones u obras sobre el mismo” que no se encuentren en la propia redacción del artículo correspondiente.
Como consecuencia, “el suelo rústico ha bajado de forma drástica su precio en el mercado”, a lo que se suman los “impedimentos legales” para poder construir pequeñas instalaciones “con la garantía del respeto al medio ambiente” y que, además, “contribuyen a la revalorización del suelo rústico”.
Por Ávila también instará en el próximo Pleno a que en la reforma propuesta “se tenga en cuenta tanto a los gobiernos provinciales como a los municipales de cara a conseguir un resultado lo más correcto posible”.
“Si se revisara esta legislación, ésta podría frenar la despoblación en el medio rural, ya que las trabas legales en nuestros pueblos son claramente disuasorias”, concluye el portavoz.