Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó que esta decisión no surge como un acuerdo de la reunión semanal del Ejecutivo, sino como una encomienda de trabajo al Ministerio de Justicia, cuya titular en funciones, Dolores Delgado, rubricó.
Calvo explicó que se ha facultado a la Abogacía General del Estado a prestar “asistencia jurídica” en relación con aquellas “agresiones físicas, amenazas o acusaciones falsas” que sufran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El Gobierno toma esta decisión después de los disturbios acaecidos en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’.
La vicepresidenta también se pronunció acerca de si esta decisión responde al anuncio de la Generalitat de Cataluña de abordar la mayor auditoría interna en los Mossos d’Esquadra para evaluar su actuación durante los referidos disturbios y a si con esta decisión se busca proteger a la policía autonómica catalana.
Lo hizo para dejar claro que el Gobierno únicamente puede actuar en la defensa de aquellos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sobre los que tiene competencias –Policía Nacional y Guardia Civil-, lo que excluye a los Mossos. “No podemos invadir competencias”, dijo.
Calvo aseveró que con esta decisión se busca acompañar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “en aquellas dificultades que encuentren en el ejercicio de su función”, lo que le permitió propalar el orgullo que siente el Gobierno por “la profesionalidad que tienen y han tenido ante una situación desconocida hasta el momento por todos”.