Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo tomaron la decisión por unanimidad y descartan la petición hecha por la defensa y por la Fiscalía, que habían solicitado dejar sin efecto la inhabilitación hasta que se resolviera el fondo del asunto.
La Sala rechazó ya hace dos semanas la medida cautelarísima de suspender la inhabilitación dictada por la JEC el pasado 3 de enero. Ahora resuelve en el mismo sentido pero lo hace como medida cautelar antes de entrar en el fondo del asunto.
El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, y los letrados de la Cámara autonómica consideran que la Junta Electoral Central, un órgano administrativo, no es competente para dictar la inhabilitación de Torra, que seguirá siendo considerado diputado, en lo que será un nuevo choque de trenes de legitimidades entre administraciones.
La Sala ha denegado la suspensión cautelar del acuerdo de la JEC porque los argumentos en que se apoya esa petición se refieren, principalmente, al fondo del recurso y han de ser afrontados en la sentencia que se dicte.
Todos ellos guardan relación con el proceso penal en que ha sido condenado el recurrente y, por tanto, en esa medida, quedan fuera del enjuiciamiento contencioso-administrativo al que se ha recurrido y "no permiten apreciar en este momento la inconstitucionalidad alegada de los artículos 6.2 b) y 6.4 de la LOREG". Insiste el Tribunal Supremo en que tampoco permite este recurso advertir "apariencia de buen derecho en las pretensiones" del recurrente.
Por otro lado, la Sala rechaza las medidas cautelarísimas contra la decisión de la Junta Electoral Central porque "no crea el acuerdo impugnado una situación irreversible" y acordar la medida cautelar, sin embargo, "supondría privar de efecto a preceptos legales vigentes".
Queda por ver si el Parlament insiste en mantener a Torra como diputado y le permite ejercer el derecho al voto en el primer pleno que se convoque. De momento, la Cámara autonómica no ha dado trámite a la entrega de la credencial de Torra como diputado al que sería su sustituto, Ferran Mascarell.
La inhabilitación definitiva de Torra en aplicación de la sentencia que le condenó por desobediencia está en manos de la Sala de lo Penal del Supremo en caso de que el 'president' recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dentro del plazo que tiene habilitado hasta el 3 de febrero.
En su sentencia, el TSJC le condenó a 18 meses de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos del edificio de la Generalitat en la campaña de las elecciones generales de 2019.