Las Cortes de Castilla y León han aprobado la Proposición No de Ley presentada por Ciudadanos sobre la estrategia de lucha contra el cambio climático, cuyo objetivo es impulsar la economía verde y sostenible como oportunidad de desarrollo para la Comunidad Autónoma.
Así, la procuradora de Ciudadanos por Ávila, Inmaculada Gómez, ha pedido analizar la ‘huella de carbono’ en la región en su conjunto y también por provincias, poner en marcha proyectos que compensen emisiones de CO2, publicar la ‘huella de carbono’ como ventaja competitiva para los sectores productivos de Castilla y León y, por último, instar al Gobierno de la nación a que tenga en cuenta la compensación de las emisiones como criterio para mejorar la financiación autonómica.
“Hablando de cambio climático, mañana es tarde”, ha advertido la parlamentaria, quien ha recordado que hoy mismo se está debatiendo la Ley del Clima en el Parlamento Europeo, que transforma el compromiso europeo de alcanzar la neutralidad climática en una obligación vinculante para todos los Estados Miembros. “Para alcanzar la neutralidad climática es necesario reducir nuestra huella de carbono mediante mayor eficiencia, la economía circular, el uso de energías renovables, pero también es necesario, al menos de momento, utilizar la herramienta de la compensación de emisiones”, ha argumentado.
Tras incidir en que “Castilla y León es el pulmón de España”, rica en patrimonio natural –con 35 espacios protegidos y un 51% del territorio con la consideración jurídica de monte- y con una superficie forestal de 4,8 millones de hectáreas, Inmaculada Gómez ha llamado la atención sobre las oportunidades que esto representa para la Comunidad. “Castilla y León puede contribuir por tanto, en buena medida, al alcanzar objetivo de neutralidad climática en 2050”, ha recalcado, “no solo reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera sino, sobre todo, por la capacidad que tenemos de compensar dichas emisiones”.
Por ejemplo, tiene “un elevado potencial de compensación la captura y secuestro de CO2, reforestación y restauración de terrenos degradados”. Pero también el hecho de que “Castilla y León produce una 1,5 veces más energía eléctrica renovable de la que consume”. Además, nuestros medios agrícola y forestal tienen aún un gran potencial de absorción de emisiones, de avanzar hacia la bioeconomía y la producción y uso energético 100% renovable.
“En España, cada ciudadano genera 5,95 toneladas de dióxido de carbono al año, según cifras de 2018. Sin embargo, desconocemos ‘la huella del carbono’ de las CCAA”, ha explicado Gómez.
La apuesta del partido liberal tiene una doble vertiente: desarrollar una economía que “nos permita vivir en una sociedad más verde, con una mayor eficiencia en la gestión de residuos, con más energía renovable y que impulse el uso de vehículos de bajas emisiones” y, por otra parte, generar beneficios en relación al mercado de emisiones, es decir, que los castellanos y leoneses accedan a una mayor financiación al compensar la producción de gases invernadero de otras regiones o incluso otros países de la UE.