Por Ávila lamenta que, en plena pandemia y con una situación económica muy delicada para negocios, particulares o empresas, el PP haya impulsado el incremento de la tasa de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Ávila que en el caso de los hogares del 28,6 por ciento, idéntica a la subida decretada para asociaciones sin ánimo de lucro, así como para restaurantes y bares.
La formación considera que este incremento en los tributos llega en el peor momento posible, cuando los colectivos más afectados por la crisis sanitaria reclaman ayudas ante el cierre de sus negocios aprobado por la Junta de Castilla y León, un día un día después de las concentraciones convocadas por el sector hostelero, sector también gravemente perjudicado por el aumento de la tasa de reciclaje, dado que deberá pagar en 2021 un 28,6 por ciento más.
Por otro lado, el portavoz provincial de Por Ávila, Alberto Encinar, ha manifestado la defensa de la autonomía municipal y la suficiencia financiera en la reunión que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y el director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, ha mantenido con representantes de la Diputación.
En este encuentro, que Encinar ha seguido de forma telemática, ha recalcado la importancia de la autonomía municipal. Así, ha explicado que se trata de uno de los “elementos fundamentales que ha de regir la actuación de todas las administraciones” implicadas.
Este principio “ha de ir de la mano de la suficiencia financiera de las haciendas locales”, ha explicado, “tal y como se recoge en el artículo 142 de la Constitución Española”.
Servicios ‘mínimos’
Durante su intervención, el portavoz provincial de Por Ávila también ha manifestado su preocupación por la dotación de los servicios mínimos que se deben prestar en los Ayuntamientos.
De esta forma, Encinar ha planteado la necesidad de que las entidades locales, además de con unos buenos servicios en materia de educación y sanidad, cuenten con los servicios de Secretaría e Intervención, que ha calificado de fundamentales para el funcionamiento de los Ayuntamientos y, en definitiva, el bienestar de los vecinos de cada municipio.
En este sentido, ha preguntado si “estos servicios estarían incluidos dentro de los servicios mínimos y obligatorios” que contempla la Junta de Castilla y León, en relación con el proyecto de la nueva Ley de Ordenación Territorial.