En su intervención, Cabrero ha pedido al Gobierno “retomar el diálogo con las asociaciones ganaderas y con las comunidades autónomas más afectadas por la presencia del lobo, con el fin de consensuar las medidas de gestión de la especie y articular un mecanismo nacional de indemnizaciones a cargo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que cubran el daño total, mediante un proceso sencillo y ágil para el ganadero”.
Tanto en las Cortes de Castilla y León como en el Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios de Cs han denunciado la imposición del enfoque ideológico de ‘falso ecologismo’ en este acuerdo suscrito entre el Gobierno y algunas Comunidades Autónomas, que por cierto no cuentan con poblaciones de lobo en sus territorios.
“Una vez más desde Madrid, desde un despacho, pretenden decirle a la gente de los pueblos cómo tienen que vivir y trabajar, gente que no ha pisado nunca el monte y que lo único que provoca con sus decisiones es un conflicto social”, ha declarado el portavoz.
“Podemos toma decisiones sectarias que dañan a sectores tan importantes para la economía del medio rural como la ganadería extensiva”, ha lamentado, “la formación morada va a su aire provocando inestabilidad institucional con esta decisión no consensuada para introducir del lobo en el listado de especies silvestres en régimen especial y, por tanto, prohibir su caza”.
En la sesión plenaria de febrero se debatieron otras dos mociones. La propuesta de Por Ávila de impulsar la implantación de 5G en la provincia, rechazada por Cs puesto que se trata de un proyecto ya en marcha. La moción del PSOE proponía varias cuestiones. Una, la cesión del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina a la Junta de Castilla y León, punto en el que estaba de acuerdo Ciudadanos al ser una competencia impropia que debe asumir la Administración regional, y otra, la creación de una red provincial de residencias a cargo de Diputación que fue rechazada por este mismo motivo: ser competencia impropia.
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