Los derechos LGTBI son y serán siempre derechos humanos
En 1981, el Consejo de Europa declaraba el derecho a la autodeterminación sexual de hombres y mujeres.
Sin embargo, cuarenta años después, la investigación, las encuestas, los informes y la realidad muestran que la discriminación y el discurso de odio contra las personas LGTBI y los crímenes de odio motivados por la LGTBIfobia están creciendo en toda la UE y representan una seria amenaza para el respeto de los derechos fundamentales en la UE.
Y es que, a pesar de los avances alcanzados en materia de derechos LGTBI, quedan muchas lagunas pendientes de ser abordadas por el poder legislativo, especialmente en lo relativo a la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y al reconocimiento y protección de las personas LGTBI víctimas de delitos.
A esta realidad, se une la excepcional situación sobrevenida con la crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, donde las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, que ya son víctimas de violencia y discriminación por su orientación sexual o identidad de género, se han visto gravemente afectadas por esta pandemia por lo que es preciso hacer un esfuerzo para garantizar que todas las respuestas a la COVID-19 también tengan en cuenta las repercusiones de la crisis en las personas LGTBI.
En este contexto, el papel de los gobiernos locales ha demostrado, una vez más, que para ser eficiente y eficaces, se debe adoptar un enfoque basado en la cercanía a la realidad social priorizando los derechos humanos y enmarcando cualquier actuación en los principios de igualdad y no discriminación, participación, indivisibilidad, empoderamiento y rendición de cuentas.
Somos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares garantes de la efectividad de una estrategia clara de lucha por la igualdad y en la defensa de la convivencia ciudadana y agentes esenciales insustituibles de la protección de los derechos y libertades de toda la ciudadanía y defensores de la no discriminación, con independencia de la raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
En el decimosexto aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España, hecho histórico de gran simbolismo, los gobiernos locales reunidos en la FEMP:
• Condenamos enérgicamente cualquier discriminación contra las personas LGTBI y sus derechos fundamentales, incluida la incitación al odio,
• Recordamos la importancia de tomar medidas concretas para poner fin a la discriminación contra las personas LGTBI,
• Manifestamos nuestra especial preocupación ante el repunte del discurso del odio e instamos a las instituciones y a la sociedad civil a que intensifiquen su trabajo sobre el intercambio de mejores prácticas y refuercen su cooperación en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y otras formas de intolerancia,
• Reconocemos la importancia de recopilar datos de igualdad comparables y desglosados recopilados por territorios, que permitan medir el alcance total de la desigualdad en España y formular políticas significativas para la aplicación del Derecho de igualdad de la UE,
• Apoyamos todas aquellas acciones locales, regionales, nacionales y europeas que tengan por finalidad la promoción de la igualdad, especialmente las dirigidas a luchar contra los estereotipos y a mejorar la aceptación social de las personas LGTBI;
• Reconocemos el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las personas LGTBI y el valor de la colaboración con las autoridades locales para poner fin a cualquier discriminación existente y seguir impulsado unas políticas públicas igualitarias e inclusivas.
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No(
