La norma lleva anexada una memoria económica de 5.474 millones de euros, de los cuales 1.550 provienen de los Fondos de Recuperación y Resiliencia europeos.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha calificado la futura ley como "un proyecto de país, transformador y modernizador" que mejorará la vida de los ciudadanos. Además, ha agradecido el trabajo de su antecesora, Isabel Celaá, quien presentó la norma el pasado 15 de junio.
Pilar Alegría ha destacado que el documento se ha perfeccionado con las numerosas aportaciones de la comunidad educativa, empresarios, sindicatos y comunidades autónomas, con quienes se desarrolló un intenso proceso de diálogo y negociación. La ministra ha apelado a los grupos parlamentarios para que el Congreso de los Diputados apruebe la ley con el mayor consenso posible.
Aspectos fundamentales de la nueva Formación Profesional
La ministra ha destacado que toda la Formación Profesional (FP) se integra en un sistema único organizado por grados y dirigido a estudiantes y trabajadores, tanto ocupados como desempleados, para que puedan programar itinerarios formativos en función de sus expectativas y necesidades. "Terminamos con ese doble modelo que existía de una formación profesional educativa y una formación profesional para el empleo y dotamos a nuestro país de un sistema único sin apellidos, mucho más flexible y mucho más accesible", ha remarcado.
Alegría ha explicado que las reuniones con las organizaciones empresariales y sindicales están permitiendo determinar de antemano qué profesionales va a demandar el tejido productivo, por lo que la nueva FP posibilitará que las empresas puedan obtener los perfiles profesionales que necesiten.
Toda la formación será dual. Es decir, se garantiza que todos los estudiantes de FP van a tener posibilidad de un periodo de formación y de prácticas en la empresa. La ministra ha concretado que la FP general tendrá un periodo de prácticas de entre el 25% y el 35% y la FP intensiva de un 35% a un 50%. En esta última modalidad existirá una vinculación contractual remunerada del estudiante con la empresa.
Pilar Alegría también ha subrayado que la oferta educativa está vinculada con la digitalización, la internacionalización, el emprendimiento y la sostenibilidad. A lo largo de estos dos años, ha recordado, el Gobierno ha puesto en marcha 25 nuevas titulaciones acorde a los sectores emergentes.
Mochilas formativas, conexión con la universidad y acreditación de competencias
La ministra ha indicado que cada ciudadano irá adquiriendo formación entre los distintos itinerarios que plantea la FP, que sumará a su "mochila formativa", y dispondrá un servicio de orientación profesional.
Las comunidades autónomas podrán adaptar la formación a la realidad del tejido productivo de cada uno de sus territorios e introducir complementos formativos propios.
La norma regula la relación entre las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios formativos que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas, en ambos sentidos, y trabajar en proyectos conjuntos.
Otro aspecto destacado por la ministra es que se mejora la acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. El Gobierno prevé que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en los próximos tres años, frente a las 300.000 que lo hicieron con el modelo anterior.
Nuevas plazas de FP
Pilar Alegría ha afirmado que el Ejecutivo ha adquirido el compromiso de poner en marcha 200.000 plazas de FP en cuatro años. Ya ha financiado 120.000 en el curso 2020/2021, otras 60.000 se financiarán en el curso 2021/2022 y el resto se pondrán en marcha antes de 2023.
La ministra ha resaltado que con el proyecto de formación profesional aprobado hoy se reducirán las tasas de desempleo juvenil que, en la actualidad, se sitúan en el 35%. "Impulsar la formación profesional es la mejor manera de invertir en modernización de economía y reducir el desempleo juvenil", ha dicho.
Ley de Convivencia Universitaria
El Gobierno ha aprobado remitir a las Cortes el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que deroga la norma vigente de 1954.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que era necesario actualizar esta ley para adaptarla plenamente al marco constitucional y reformular el marco de convivencia universitaria, poniendo el acento en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales y en la mediación como vía principal para la resolución de conflictos.
El texto, cuyo anteproyecto fue aprobado en mayo pasado y sometido posteriormente a información pública, señala que las universidades públicas y privadas deberán aprobar normas de convivencia que garanticen el respeto a la diversidad y la tolerancia, la igualdad y la inclusión de los colectivos vulnerables; la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra; la eliminación de toda forma de violencia, discriminación y acoso; la transparencia en el desarrollo de la actividad académica, y la utilización y conservación de los bienes y recursos de acuerdo con su función de servicio público.
Las universidades crearán una Comisión de Convivencia, integrada de manera paritaria por representantes del estudiantado, del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios, elegidos por el claustro a propuesta de cada uno de los sectores, garantizando el principio de composición equilibrada entre mujeres y hombres.
Fondo de apoyo a la solvencia empresarial
El Consejo de Ministros ha autorizado conceder una ayuda de 25 millones de euros al Grupo Rugui Steel, con presencia en Castilla y León, Navarra y País Vasco. Esta ayuda se canalizará a través de un préstamo participativo por valor de 13,5 millones de euros y otro ordinario por 11,5 millones.
La ayuda pública procede del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros. Este mecanismo, ha recordado la portavoz, fue aprobado por el Gobierno en julio de 2020, con el objetivo de reforzar la solvencia de empresas afectadas por la pandemia consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.
Isabel Rodríguez ha afirmado que la empresa tiene este carácter porque surte a dos sectores muy importantes, el automovilístico y el naval, y también ha valorado su impacto territorial en Soria, "una provincia que merece una especial atención del Gobierno por la despoblación".
"Este acuerdo simboliza qué tipo de desarrollo queremos desde el Gobierno", ha dicho la ministra, que ha defendido una recuperación justa, transformadora y modernizadora del país para "todos y cada uno de los españoles y españolas y todos los territorios de nuestro país".
Inversiones públicas en Galicia
El Gobierno ha aprobado la inversión de 44 millones de euros en distintos proyectos públicos en Galicia.
Los dos primeros, sobre infraestructuras, son un contrato para la variante norte de la N-120 en Ourensepor valor de 28,7 millones de euros y un contrato de mantenimiento de instalaciones de energía en distintas líneas ferroviarias, de 13,9 millones. El tercero destina 1,4 millones a la intervención en los edificios de dos cuarteles de la Guardia Civil en El Ferrol y Ourense.
Convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio
Isabel Rodríguez ha condenado, en nombre del Gobierno, la agresión homófoba sufrida por un joven ayer en Madrid y ha anunciado la convocatoria, el próximo viernes, de la Comisión de Seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio, que presidirá el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
El Consejo de Ministros también solicitará a los grupos parlamentarios en el Congreso la aceleración de la tramitación del Proyecto de Ley de Igualdad de Trato y la No Discriminación, que fue remitido a la cámara el pasado 27 de mayo.
"Los delitos de odio requieren y deben recibir el máximo reproche social y político, desterrarlos es tarea de toda la sociedad y es nuestra obligación condenar todos los discursos que los alientan", ha afirmado Isabel Rodríguez, que ha mostrado el compromiso del gobierno con una España tolerante, plural y diversa "en la que que cada uno pueda desarrollarse plenamente según se sienta y sin que pueda ser cuestionado, mucho menos amenazado o agredido, por cualquier condición, homofobia, xenofobia o por razones ideológicas".
Asuntos de actualidad
Respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y tras ser preguntada por los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez ha dicho que "hay que ser rotundos: ya no hay excusas que avalen tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de 1.000 días e incumplir el mandato constitucional". Rodríguez ha trasladado el mismo mensaje sobre la situación similar de otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Sobre la convocatoria de la Mesa de diálogo con Cataluña, la ministra ha señalado que se está pendiente de fijar una fecha, y ha reiterado la apuesta firme del Gobierno por el diálogo y el reencuentro.
Rodríguez también ha reiterado los compromisos trasladados por el presidente del Gobierno para que el total de la factura de la luz a final de este año sea aproximadamente la misma que en 2018 y para aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI), ya incrementado en un 30%, hasta el 60% en esta legislatura.
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