La Junta de Castilla y León aplicará la reducción del precio de los abonos transporte y títulos multiviajes, de los servicios de transporte terrestre de su competencia, en un porcentaje del 30%, según lo establecido en el artículo 3 de la Orden Ministerial por la que se da cumplimiento el capítulo II, relativo a ayudas al transporte urbano e interurbano, del Real Decreto-Ley 11/2022, de 25 de julio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
La Consejería de Movilidad y Transformación ha decidido aplicar esta medida sin conocer el presupuesto del que dispondrá para implementarla, por lo que exige al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Digital que la cuantía de la ayuda correspondiente a Castilla y León alcance la totalidad del coste que conlleve la implantación de la bonificación, en vigor entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.
Asimismo, la Junta considera que es imprescindible que el Gobierno adelante dicho importe a las comunidades autónomas, para que los concesionarios de la prestación de los servicios de transporte terrestre no se vean obligados a sustentarla.
Estas consideraciones de la Consejería de MTD se han trasladado por carta al director general de Carreteras del MITMA, al considerar que la aplicación de esta medida, “si bien supone un reseñable beneficio para los viajeros, también supone para los concesionarios de la prestación del servicio de transporte y para las comunidades autónomas, un importante perjuicio, en caso de que no se atiendan las peticiones indicadas”.
Bonificaciones de la Junta
La titular de la Consejería recuerda que la Junta de Castilla y León ya tiene bonificados todos los abonos de transporte de su competencia, en concreto, con una media del 35% en los transportes metropolitanos; entre un 40 y un 83%, en los abonos entre Madrid con Ávila y Segovia, y en un 100% el bono rural transporte a la demanda.
La implementación de todas estas medidas de bonificación por parte de la Junta de Castilla y León ha supuesto un relevante incremento de las ayudas a la explotación, pasando de los 13 M€ en que se sitúan anualmente, a 27,5 M€ en el año 2020 y 32,5 M€ el pasado año 2021, habiéndose concedido ya un anticipo por importe de 12,9 M€, sobre el déficit de explotación del presente año. Durante los últimos cinco ejercicios presupuestarios, ese montante ha ascendido a más de 97,5 millones de euros.
A juicio de González Corral, es un “esfuerzo nada desdeñable, que reafirma la apuesta decidida de la Junta de Castilla y León por el transporte de viajeros, y que ha permitido garantizar, de un lado, la prestación del servicio de transporte público en condiciones de normalidad y, de otro, la liquidez del tejido empresarial y el nivel de empleo en el sector”.
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