El portavoz del Grupo Por Ávila, Óscar Jiménez, confía en que el presidente de la Diputación no abra un nuevo enfrentamiento con otra institución que le saca los colores por la gestión al frente de la institución provincial, y espera que tome nota y en los siguientes ejercicios se mejore esta entrega de información, permitiendo mayor transparencia.
Desde la formación consideran que la Diputación Provincial habría incumplido la obligación de remitir la información de los contratos correspondientes a ese año 2022, y es que las entidades locales deben enviar al Tribunal de Cuentas antes del fin del mes de febrero una relación anual de todos los contratos celebrados en el ejercicio precedente. La Diputación de Ávila sería una de las 6 diputaciones del país que no habría enviado en plazo esta información.
Y tampoco habría cumplido con la obligación de remitir la relación anual de convenios que se suscribieron a lo largo de 2022. Según la normativa, antes de que concluya febrero del ejercicio siguiente, las entidades locales deben remitir una relación certificada comprensiva de los convenios formalizados por ella y sus entidades dependientes en el ejercicio anterior, cualquiera que fuera su importe y el régimen jurídico al que estén sometidas. Y la Diputación de Ávila sería una de las 15 que no habría cumplido con esta obligación.
En el informe también se afirma que la Diputación de Ávila no presentó las cuentas en plazo, y es una de las 12 diputaciones que a fecha 31 de octubre de 2023 no había rendido la cuenta general correspondiente al año 2022. Por normativa, las entidades locales de Castilla y León deben presentar esta cuenta general dentro del mes siguiente al de la fecha límite de aprobación de la misma. Es decir, hasta el 31 de octubre del ejercicio posterior al que se refieran. Algo que no habría realizado la Diputación de Ávila.
El Informe de fiscalización también afea a la Diputación de Ávila que enviara fuera de plazo la información del ejercicio de control interno realizado.
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