El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley impulsado por el ministro Pablo Bustinduy, que busca reformar simultáneamente dos normativas clave: la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo principal revertir recortes previos y garantizar un mayor número de derechos para las personas afectadas.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la eliminación del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, así como la supresión del plazo suspensivo de dos años para acceder a prestaciones económicas destinadas a cuidados en el entorno familiar. Además, se incorporarán nuevas regulaciones sobre asistencia personal, ampliación de ayudas a domicilio y reconocimiento de la teleasistencia como un derecho subjetivo.
Un nuevo enfoque hacia la autonomía
Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de La Moncloa, Bustinduy enfatizó que esta reforma representa “un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital”, promoviendo tanto el derecho a la vida independiente como a la autonomía personal. El ministro subrayó que los cambios normativos permitirán no solo garantizar más derechos para quienes viven con dependencia o discapacidad, sino también ampliar el catálogo de servicios disponibles.
La reforma pone fin a “dos recortes importantes” introducidos por el anterior Gobierno del Partido Popular. En primer lugar, se eliminará el régimen de incompatibilidades establecido en 2012, lo que permitirá una atención más personalizada. En segundo lugar, se suprimirá el límite máximo de dos años para acceder a prestaciones económicas para cuidados familiares, un obstáculo que ha limitado el acceso a muchos ciudadanos.
Números que hablan
Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, cerca de 1.8 millones de personas en España requieren atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Durante su mandato, el Partido Popular realizó recortes significativos en este sistema, estimados en 5.406 millones de euros entre 2012 y 2018. Desde 2020, sin embargo, el Gobierno actual ha incrementado las partidas destinadas al SAAD en un 150%, alcanzando más de 783 millones de euros distribuidos entre las comunidades autónomas en 2023.
Bustinduy destacó que esta reforma busca reconstruir el sistema de dependencia como un pilar fundamental del estado del bienestar, especialmente ante el reto demográfico que enfrenta España con un aumento previsto en la población mayor y, por ende, en las personas dependientes.
Aumento y reorganización de servicios
El nuevo texto legislativo también contempla una ampliación y reorganización significativa de los servicios ofrecidos. Se priorizará un modelo centrado en la persona frente al asistencialismo tradicional caracterizado por grandes residencias. “Ese modelo ha quedado obsoleto”, afirmó Bustinduy, quien añadió que se están dando pasos decisivos para fomentar la autonomía y participación comunitaria.
En este sentido, se expandirá el servicio de ayuda a domicilio incluyendo actuaciones comunitarias más allá del cuidado personal. Asimismo, se reconocerá oficialmente la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas dependientes que residan en sus hogares.
Derechos fundamentales garantizados
El anteproyecto también introduce nuevos derechos para las personas dependientes. Se establece que estas tendrán derecho a decidir sobre los servicios y prestaciones que reciben y podrán exigir atención libre de sujeciones físicas o químicas. Además, se garantiza acceso a atención sanitaria sin importar el lugar donde residan.
La reforma aborda también la situación crítica vivida durante la pandemia respecto a la atención en residencias y establecerá procedimientos coordinados entre los servicios sanitarios y sociales para asegurar atención integral.
Cambios significativos en la Ley de Discapacidad
En cuanto a la Ley de Discapacidad, esta reforma responde al nuevo Artículo 49 reformado recientemente en las Cortes Generales con amplio consenso político. Se buscará garantizar derechos fundamentales como la accesibilidad universal, convirtiéndola en reivindicable ante cualquier instancia pública.
Para facilitar estas mejoras, se creará un Fondo Estatal destinado a financiar intervenciones necesarias para garantizar accesibilidad en edificios públicos y privados. Además, se modificarán leyes existentes para obligar a comunidades vecinales a solicitar ayudas económicas para obras necesarias relacionadas con accesibilidad.
Prohibición de discriminación
Otro aspecto relevante es la prohibición explícita a compañías aseguradoras sobre discriminar a personas con discapacidad al contratar seguros. La reforma también simplificará trámites administrativos relacionados con estos procesos e incluirá mecanismos directos para reconocer automáticamente un grado mínimo de discapacidad asociado con dependencia.
A través del uso responsable y ético de nuevas tecnologías se buscará eliminar sesgos discriminatorios que puedan afectar negativamente a personas con discapacidad durante procesos laborales automatizados. Por último, se prestará especial atención a las mujeres con discapacidad y niños/as promoviendo su salud sexual y reproductiva así como su desarrollo infantil mediante servicios específicos.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 1.837.818 |
Personas que requieren atención por parte del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia). |
| 5.406 millones de euros |
Recortes realizados por el Partido Popular en el sistema de dependencia durante su gobierno. |
| 150% |
Aumento en las partidas destinadas a financiar el SAAD desde 2020. |
| 783 millones de euros |
Cantidad repartida entre los gobiernos autonómicos en 2023 para financiar el SAAD. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué leyes se están reformando con el nuevo anteproyecto aprobado?
Se están reformando la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad.
¿Cuáles son algunas de las principales medidas incluidas en la reforma de la Ley de Dependencia?
La reforma suprimirá el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, eliminará el plazo suspensivo de dos años para las prestaciones económicas, regulará la asistencia personal, expandirá la ayuda a domicilio y reconocerá la teleasistencia como un derecho subjetivo.
¿Qué derechos adicionales se garantizan en la reforma?
Se garantiza el derecho a decidir sobre las prestaciones que recibe la persona dependiente, así como el derecho a una atención sanitaria adecuada sin importar el lugar de residencia. También se incluirán apoyos para los cuidadores no profesionales.
¿Cómo se abordará la accesibilidad universal en la nueva ley?
La accesibilidad universal será reconocida como un derecho reivindicable ante cualquier instancia, y se creará un Fondo Estatal para financiar intervenciones necesarias para mejorarla.
¿Qué cambios se introducen en relación con los seguros para personas con discapacidad?
Se prohibirá a las compañías aseguradoras discriminar a personas con discapacidad al contratar seguros de salud o vida.
¿Qué enfoque tiene la reforma respecto a los cuidados y atención a personas dependientes?
El nuevo enfoque busca promover la autonomía personal y garantizar que los servicios se centren en las necesidades individuales, favoreciendo los cuidados en entornos comunitarios o en el hogar.
¿Cuál es el objetivo del Gobierno con esta reforma legislativa?
El objetivo es garantizar más derechos para las personas con dependencia y discapacidad, revertir recortes anteriores y ampliar el catálogo de servicios disponibles.
Si (
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