Qué casos de máxima actualidad y que tocan al partido en el Gobierno, como Gürtel o Nóos, que ha dado de lleno en la Casa del Rey, dejaran de aparecer en los periódicos si así lo deciden los jueces era lo que estaba en juego.
Pero el Ministerio de Justicia ha decidido retirar a última hora de ayer de su borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal —el llamado a sustituir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se estaba elaborando por una comisión de expertos nombrada por el ministerio— la posibilidad de que los tribunales puedan ordenar a los medios que dejen de publicar noticias sobre investigaciones judiciales.
Esta propuesta puso en pie de guerra a todos los colectivos profesionales de periodistas, que veían cómo amenazaba la libertad de información e instauraba la ley del silencio y la censura, pues la iniciativa cambiaba radicalmente el régimen de publicidad de las actuaciones procesales al incluir en el secreto o el deber de reserva sobre la investigación de los delitos a los medios.
Con la propuesta ya retirada, el juez o tribunal, por propia iniciativa o a petición de un fiscal, o lo que es lo mismo en algunos casos, el Gobierno, podría acordar “el cese de la difusión” a los medios que estuvieran publicando información sobre un caso.
Esta prohibición de publicar podría ordenarse en cualquier asunto —estuviera declarado el secreto o no— siempre que las noticias puedan “comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados”.
El anteproyecto de Código Procesal Penal, además, quita la dirección de las investigaciones penales a los jueces y se las entrega a los fiscales y estos, que en última instancia dependen jerárquicamente del Gobierno pues es quien nombra a su máximo superior, el fiscal general, por lo que, en teoría, mediante su influencia en la institución, el Ejecutivo podría conseguir que se vetaran las informaciones de casos que perjudicaran al Ejecutivo.
Durante un debate celebrado el martes en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Gallardón defendió el borrador de anteproyecto asegurando que su objetivo era evitar “los juicios paralelos” y defender “los derechos de los ciudadanos imputados, encausados y defendidos”, al tiempo que aseguraba que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de estas personas “puede verse severamente perturbada” si los medios llegan a generar un prejuicio que pueda obligar a un juez o tribunal a cambiar su criterio sobre la resolución de un caso concreto.
Ayer, sin embargo, Gallardón decidió matizar su postura y aseguró que “el derecho a la libertad de información es preferente”, por lo que la ley no establecerá “en ningún caso”, medidas que la restrinjan.
Por lo que de acuerdo a fuentes de Justicia de última hora, se asegura que la facultad judicial de censurar a los medios quedará aparcada y que las únicas medidas para limitar los juicios paralelos serían la limitación de la duración del secreto de sumario para que los jueces no lo puedan prorrogar sin limitación.
Si (
No(
