Empleados de diferentes sectores del sector público se han congregado hoy en diversas ciudades de la Comunidad para reclamar el mantenimiento de sus puestos de trabajo y una reducción del déficit de las administraciones públicas que evite el perjuicio a los servicios y garantías sociales.
Los trabajadores han llegado a provocar interrupciones en el tráfico en algunas de las ciudades donde se han celebrado las manifestaciones. Asimismo, se han producido concentraciones de protesta en algunos colegios e institutos de enseñanza, en cuyos patios se ha congregado el personal docente de los centros.
Las reuniones han sido convocadas por la Plataforma Sindical y de Asociaciones de Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos de Castilla y León, de la que forman parte UGT, CC.OO y CSI-F, y en la que se integran la mayoría de sindicatos de la función pública.
Valladolid ha sido la ciudad que más afluencia de manifestantes ha registrado, donde unos 300 funcionarios se han reunido delante de la Delegación de Hacienda y de la Agencia Tributaria, cortando el tráfico de una de las vías colindantes. En Burgos, unos 50 delegados sindicales se han concentrado frente a la Subdelegación del Gobierno y en Salamanca, decenas de empleados públicos se dieron cita en la Plaza Mayor de la ciudad. También en Soria, Zamora, Ávila y Palencia se han producido actos de protesta.
La Plataforma que dirige el movimiento ha dado a conocer un manifiesto en el que hace alusión a la innegable necesidad de controlar el gasto público, sin embargo, alerta a su vez de la vinculación de ésta a una sucesión de recortes en el número de trabajadores y al deterioro de las condiciones laborales, salariales y sociales de los empleados públicos. Por otro lado, el documento advierte del menoscabo que se viene suscitando a la labor que los funcionarios ejercen en todos los ámbitos administración.
El programa propone como medida de control del gasto público la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal que incluya además una reforma en la AEAT (Agencia Tributaria) para optimizar su actuación en este sentido. La disminución de la economía sumergida supondría unos ingresos anuales para el Estado de 38.500 millones de euros.
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