Con el Corneja y sus habitantes

La empresa Pascual S.A.U.  ha solicitado a Industria de la Junta de Castilla y León que el agua de una extensa área de los términos municipales de Villafranca de la Sierra, Navacepedilla del Corneja, Navaescorial y San Martín de la Vega del Alberche sea declarada “agua mineral” para su extracción y venta embotellada bajo la marca “Bezoya”.

Una situación en la que esta formación de izquierdas quiere unirse a las reclamaciones que los vecinos de la zona muestran en un manifiesto que se leyó en la concentración que se celebrará en Villafranca de la Sierra.

Izquierda Unida de Ávila defiende el posicionamiento de los vecinos de la zona por el que el agua de la Sierra de Villafranca debe estar al servicio de los vecinos y habitantes de la zona del Valle del Corneja, considerando así que el intento de una empresa privada por apropiarse de la misma resulta un ataque contra el bien común y público que supondría la desaparición de un recurso natural y ambiental de vital importancia para la comarca.

Una situación en la que la Junta de Castilla y León debe atender a los intereses generales, así como al propio ordenamiento jurídico, por encima de los intereses privativos de la empresa, declarando con ello la caducidad de un expediente concesional de aguas repleto de irregularidades y al que se pretende dar oxígeno retrotrayendo a su origen, como pretende impulsar el Partido Popular, con el fin de subsanar las irregularidades de un proceso que se mantiene desde hace cinco años.

Este procedimiento, afirman, está corrompido y requiere de la intervención de los organismos hidrográficos de cuenca competentes, haciendo valer la Ley de Aguas por encima de una ley preconstitucional de Minas, del año 1973, al que pretende agarrarse la Junta de Castilla y León para dar sentido legal a todo este proceso colmado de irregularidades que sólo beneficiará a una empresa de burgos que pretende llevarse lo más valioso de la comarca: el agua del rio Corneja.

¿Por qué es grave la situación?

En primer lugar porque el agua de la que depende nuestra economía es escasa y Pascual puede llegar a apropiarse de más de 2.000 metros cúbicos diarios, cantidad de agua con la que se puede regar unas 14 hectáreas de huertas y brutales o abastecer a una población de 10.000 hectáreas.

Además el procedimiento administrativo para conseguir expoliar su más preciado bien está siendo oscuro y extraño. El expediente que puede acabar con la vida de sus ríos y de su comarca, lleva 5 años abierto y nos acabamos de entrar a finales de Julio de 2.013.

¿Es apropiada la declaración de “agua mineral” para estas aguas?

Nuestras aguas son producto de las nieves y lluvias, a diferencia de las aguas minerales, que son extraídas de las capas, profundas de la Tierra.

Estas aguas caídas en otoño, invierno y primavera, escurren montaña abajo, incluso en verano. Con ellas riegan los huertos y praderas, beben sus ganados y se abastecen las poblaciones en las que viven.

Desde el momento en que sea declarada agua mineral se aplicará la Ley de Minas de 1973, que ampara la actividad extractiva y el negocio empresarial y que otorgaría a la empresa todos los derechos de explotación de las captaciones y de su gran perímetro de protección (unas 200 hectáreas alrededor)

Por ello los habitantes de estos pueblos defienden que se aplique la Ley de Aguas, competencia exclusiva de las confederaciones hidrográficas, organismos garantes del buen aprovechamiento del agua que velan por todas las concesiones de los usuarios otorgadas (regantes, etc), incluidas las de aguas abajo.