La formación magenta parte de la investigación de Caja Madrid (hoy Bankia, que engloba a Caja Ávila y a Caja Segovia entre otras) para arrojar luz sobre posibles malas prácticas en el seno de unas entidades financieras con un claro fin social y que en algunos casos han tenido que ser rescatadas con fondos públicos.
En el texto que presenta UPyD también se hace eco de las declaraciones de antiguos responsables de la entidad madrileña – la más importante del país y la que servía de referencia al resto – que afirmaban que el uso de estas tarjetas era una práctica habitual y conocida en la cúpula de este tipo de entidades financieras. Entidades financieras marcadas por su politización y su profundo arraigamiento en las zonas en las que operaba.
Si se demuestran estos hechos, los poseedores de la tarjeta puede incurrir en un delito societario (artículo 290 y siguientes), un delito fiscal (artículo 305), un delito de falsedad documental (artículo 392 y siguientes) y un delito de apropiación indebida (artículo 252), todos ellos previstos, recogidos y castigados por el código penal.
Por todo ello, este partido eleva a la Fiscalía a que este documento para que abre diligencias de investigación penal para el esclarecimiento de estos supuestos delitos y, en caso de confirmarse, que el propio Ministerio fiscal presente una querella criminal contra los responsables. Asimismo, pide que se le informe para personarse como acusación en el proceso de apertura.
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