Dependencias entre las que se encuentran la Muralla, el Centro de Interpretación de la Mística, la Ciudad Deportiva y el aparcamiento de vehículos pesados. Los Grupos Municipales de la oposición consideran que se trata de la privatización de parte de las funciones de la Policía Local, que entre sus cometidos tiene la vigilancia de edificios e instalaciones públicas, y que costará a los ciudadanos 800.000 euros.
El Equipo de Gobierno ha presentado hoy el pliego de condiciones para la contratación de la seguridad y vigilancia privada de cuatro dependencias municipales, con un precio de licitación de cerca de 800.000 euros para 2015 y 2016, un despilfarro de dinero público si se tiene en cuenta que la Ley de Seguridad Ciudadana incluye entre las funciones de la Policía Local la vigilancia de edificios públicos.
Los tres grupos de la oposición han coincidido en señalar que podría prestarse este servicio, a un coste sensiblemente inferior, con personal municipal y con vigilancia a través de un sistema de vídeocámaras. En caso de que se mantenga la privatización de la vigilancia, advierten, los abulenses pagarán dos veces por el mismo servicio, ya que deberán costear la empresa de seguridad y además mantener la plantilla de Policía Local.
PSOE, UPyD e IU alertan de que se trata del primer paso de la privatización de un servicio público fundamental, la seguridad ciudadana, y señalan que lo que debería hacer el Equipo de Gobierno es cubrir las diez plazas vacantes que existen en la Relación de Puestos de Trabajo de la Policía Local.
La presencia de agentes de la Policía Local y la posibilidad de vigilar y grabar en vídeo supondría una mejora de la seguridad y la vigilancia de la Muralla, en opinión de la oposición, que ha recordado que la aparición, este verano, de pintadas en el adarve en la zona del Palacio de Sofraga puso en duda la eficacia de la empresa adjudicataria del servicio.
La sustitución de policías por vigilantes privados denota una clara tendencia del Equipo de Gobierno del PP a la privatización de la seguridad ciudadana en beneficio de empresas privadas de seguridad, que consiguen jugosos contratos.
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