Presupuestos “sin sello, ni firma, ni CIF de las empresas, ni certificación de haberse solicitado o al menos haberla recibido…” Son algunas de las deficiencias encontradas por el grupo municipal de Izquierda Unida de Ávila ante la contratación de servicios -cuatro trabajadores- en el Museo de Caprotti Palacio Superunda. Una gestión “como poco irregular” ante la que Montserrat Barcenilla, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ávila anuncia que la formación de izquierdas “va a poner toda la información en manos de abogados por si hubiera lugar a alguna acción legal” tras comprobar que el Equipo de Gobierno del Partido Popular “se ha saltado el procedimiento a la torera, actuado como si fuera el amo del cortijo” y que lleva a Montserrat Barcenilla a advertir que “podemos pensar que este sistema se pueda haber utilizado para que otras empresas, digamos amigas, hayan obtenido contratos menores”.
El grupo municipal de Izquierda Unida de Ávila explicó, con los contratos encima de la mesa, cómo cuando se trata de una licitación de un contrato menor -que no supere los 18.000 euros- y en base al propio procedimiento que marca el Ayuntamiento se ha de solcitar tres presupuestos a tres empresas. Sin embargo, pedida la información sobre la forma de contratación de los servicios para el Museo de Caprotti “hemos visto una gestión como poco irregular”.
Tras la ruptura de las relaciones laborales en 2014 entre la Asociación de Empresarios de Autotaxis y los representantes de Aspaym de Castilla y León se tomó la decisión de que el dinero con el que entonces se subvencionaba este servicio se destinara a ayudar a encontrar empleo a personas con discapacidad, “a lo cual no podemos poner ninguna objeción”. Sin embargo “una vez que desde Izquierda Unida tuvimos conocimiento de que en los Caprotti trabajaban personas con discapacidad comenzamos a recabar información por la forma de contratación de los servicios, dado que en ningún órgano se había visto”. Es por ello que el pasado 22 de enero “se informó que se trataba de un arrendamiento de servicio y que en breve se licitaría.”. El 28 de enero “pedimos al Equipo de Gobierno del Partido Popular que se realizara un informe jurídico de este personal”, algo que se repitió el 5 de febrero. El informe realizado especificó que la contratación se había realizado por contrato menor de prestación de servicios por 17.984 euros, sin llegar a los 18.000 euros que marca la ley de contratos como límite para un contrato menor.
No obstante, y aquí el punto de la denuncia de Izquierda Unida de Ávila, las bases de ejecución del propio Ayuntamiento establecen que ante un contrato menor que supera los 3.000 euros hay que solicitar tres presupuestos a distintas empresas. Presupuestos que, una vez solicitados, “pudimos ver que en dos de ellos no existe firma de la empresa, ni CIF, ni sello, ni certificación de haberlos solicitado ni de haberlo recibido, y que están hecho de la misma forma y que apuntan que el servicio se prestará desde julio del pasado año hasta diciembre”. Estamos a marzo y ese mismo informe aseguraba que “a partir de enero había que hacer otro contrato menor”, del que aún no se sabe nada “pese a que estamos a mes de marzo.
Desde Izquierda Unida de Ávila “no cuestionamos en absoluto ni que la empresa haga mal su trabajo, ni que no deba hacerse a través de una empresa que facilite el trabajo a personas con capacidades diferentes, por cuanto son personas con dificultades de acceso al mercado laboral, pero lo que no vamos a consentir es que los tramites se hagan de forma irregular”. Sospecha Montserrat Barcenilla, con los datos en la mano, que “al menos todo esto no es legítimo”.
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