El grupo municipal de Izquierda Unida de Ávila insta a la búsqueda “urgente” de una solución “en la que se prioricen los intereses de la ciudad” tras la sentencia del Supremo que confirma la anulación de la Sexta Modificación del PGOU.
“Un problema que ha generado el Partido Popular y que ha situado a la ciudad ante un callejón sin salida, dado que no puede permitirse no cumplir con el convenio suscrito en su momento –y que permitió la construcción del Cylog y la continuidad de Nissan en Ávila- pero que tampoco puede afrontar los costes de un acuerdo que a todas luces puede ser muy lesivo para los intereses de los abulenses y de la ciudad” advierte Montserrat Barcenilla, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ávila, que llegado este punto solicita “la puesta en marcha de una comisión municipal con presencia de todos los grupos políticos donde se propongan y negocien las posibles soluciones y sirva de organismo de control, desde el inicio hasta el final, de todo este proceso”.
Para Barcenilla la sentencia del Supremo “viene a dar la razón a Izquierda Unida de Ávila, que en su día se opuso a la modificación del PGOU y a los que, ya en 2013, advertimos de la necesidad de buscar soluciones cuando el TSJ anulaba la ampliación hacia Naturávila”. Entonces Montserrat Barcenilla recuerda que “no compartíamos que la resolución al problema fuera económica ni lo compartimos ahora, dado que no es una posibilidad para una ciudad que aún dispone de terrenos suficientes como para cumplir el convenio”. Un problema “ante el que se podía haber avanzado una solución en estos dos años pese a los recursos que entonces interpuso el Partido Popular y que, a mayores, van a suponer el pago de unas costas judiciales importantes”.
Precisamente ha sido la dejadez del Partido Popular la nota dominante en un proceso “que tiene responsables políticos”. Para Montserrat Barcenilla “desde el actual Equipo de Gobierno y el resto de la corporación municipal deben ser exigidas las máximas responsabilidades de quienes participaron en la negociación con la empresa que cedió los terrenos de Fuentebuena, así como los ejecutores políticos de la Sexta Modificación del PGOU”. En este punto Izquierda Unida de Ávila reclama que desde el Ayuntamiento de Ávila “se pongan en marcha las medidas que sean necesarias para depurar responsabilidades entre quienes pueden llevar a la ruina a la ciudad”. Un proceso “que tiene nombres y apellidos, aunque precisamente debería ser la actual corporación municipal la que establezca la responsabilidad política de aquellos que actuaron, a la vista de los hechos, con mala fe, sino con algo más”.
Si (
No(
