Izquierda Unida de Ávila muestra su indignación por la suspensión de las oposiciones de enfermería a diez días de la celebración de la convocatoria. Un hecho “que va a suponer un grave perjuicio para los ciudadanos y en especial para todos los aspirantes, afectados de forma directa por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”, que tomaba la decisión de impugnar la convocatoria.
“No es al órgano judicial al que debemos mirar por lo ocurrido, sino a la Junta de Castilla y León por poner en marcha una oferta de plazas a sabiendas de que sería paralizada por deficiencias administrativas relativas a la caducidad de los plazos” apunta José Alberto Novoa, coordinador provincial de Izquierda Unida de Ávila.
Desde Izquierda Unida de Ávila habla de una cuestión que deja un gran número de afectados directos. “En primer lugar los aspirantes, que habían pagado su academia, reservado hotel y transporte a León y Valladolid –se esperaban más de 22.000 personas- y a diez días del examen se encuentran con esta situación. Pero también esta decisión afecta a los propios profesionales sanitarios, que verán prolongada su precariedad laboral al llevar sin salir plazas de empleo público en el sector cerca de cuatro años”. Afectados directo “pero también indirectos”. Habla en este sentido José Alberto Novoa de los propios usuarios de la sanidad pública. “Los ciudadanos ven cómo el personal se reduce en algunos servicios, no se cubren plazas vacantes e imperan los recortes. Dejar de contar con 554 profesionales de enfermería sin duda afectará muy negativamente al servicio que recibimos la mayoría de la población, quienes no disponemos de un seguro de salud privado”.
Desde Izquierda Unida de Ávila se señala directamente a la Consejería de Sanidad por no haber sacado la convocatoria cumpliendo los requisitos legalmente establecidos. “No es el primer proceso de estas características que se judicializa en los últimos años, por lo que alguien no está haciendo las cosas como debe” apunta Novoa, que reclama responsabilidades porque “todo este proceso tiene tintes de treta de la Junta de Castilla y León en pleno proceso electoral”.
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