“Que no se mezclen y confundan deliberadamente las cosas, aunque sea lo que pretenden algunas personas, como la portavoz del Equipo de Gobierno del PP y el portavoz de UPyD” señaló Montserrat Barcenilla, en una mañana en la que quiso dejar claro el posicionamiento de la formación de izquierdas tras el dictamen judicial que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a la empresa Alter -antes Fuentebuena 2004- con una cantidad “que no serán los 17 millones que pedían, lo cual deja la puerta abierta a negociar una cantidad más justa” por el fallido ‘Plan Naturávila’. Un plan con el que el Partido Popular quería dar respuesta, a través de la polémica Sexta Modificación del PGOU, al convenio que permitió la cesión de terrenos del actual CyLog. “Cuestiones y responsabilidades que hay que saber separar”.
El convenio para obtener los terrenos donde actualmente se asienta el CyLog recibió en su momento el voto a favor de Izquierda Unida, “no así la Sexta Modificación del PGOU”. Un convenio reconocido en la propia sentencia del TSJ como de interés general para dar respuesta al CyLog. “Es cierto que Nissan, buscando un espacio de expansión, se dirigió a la Junta de Castilla y León enarbolando la bandera de esta reclamación, pero no menos cierto que se desarrolla como un espacio para todas las empresas de la ciudad” recuerda Montserrat Barcenilla. “Nadie podía negarse a facilitar este espacio cuando se hablaba del mantenimiento de la fábrica o el mantenimiento –luego no fue realidad- de empleo” señala la portavoz. “Había un interés general”.
Un convenio por el que el Ayuntamiento de Ávila debía compensar, a cambio de la cesión de los terrenos del CyLog, con 40.000 metros cuadrados edificables “en un momento en el que el Ayuntamiento de Ávila tenía cantidad de suelo suficiente como para dar respuesta a ello” señala. Un convenio “legal”. Cuestión diferente es que el convenio “no se cumpliera por parte del Equipo de Gobierno del Partido Popular en los plazos previstos”, analiza Montserrat Barcenilla, que en este punto sí reconoce que “quizás no insistimos lo suficiente en el cumplimiento del mismo en las fechas previstas”.
De la dejadez del Partido Popular se llega a la Sexta Modificación. “Ahí Izquierda Unida de Ávila presentó más de una treintena de alegaciones por considerarla un fraude para los ciudadanos, privilegiando los intereses de particulares”. Una sexta modificación que recibió el voto en contra de Izquierda Unida, que trabajó en la vía política, “porque en la judicial ya existían denuncias de otros actores, como FECOPA, o quienes no estaban en el Ayuntamiento de Ávila, como UPyD” y por tanto no tenían vía política en la que actuar.
Deja clara así Izquierda Unida de Ávila que la responsabilidad sobre el desarrollo del convenio, “legal”, recaía en el entonces Equipo de Gobierno del Partido Popular, “que por dejadez”, quiso hacerlo a través de una modificación del PGOU “que sólo respondía a intereses particulares” y que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia.
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