La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha participado en la inauguración del ‘XIII Congreso Nacional de Empleo con Apoyo’, que este año se celebra en Burgos bajo el lema de ‘Marca tu ruta’ y con la intención de ser un foro de encuentro, aprendizaje y debate para los profesionales que trabajan en el ámbito del empleo de las personas con discapacidad.
Se trata de un congreso organizado por la Asociación Española de Empleo con Apoyo, AESE, que en Castilla y León tiene como entidad asociada a la Asociación de Síndrome de Down Burgos. El objetivo de esta organización es el empleo con apoyo, que consiste en un conjunto de servicios y acciones centradas en la persona, fundamentalmente individualizadas, para que la persona con discapacidad y con especiales dificultades pueda acceder, mantener y promocionarse en el mercado de trabajo abierto, con el apoyo de profesionales y otros tipos de apoyos.
En este contexto de la importancia del empleo para las personas con discapacidad, Alicia García ha valorado el trabajo diario de las entidades del tercer sector de la Comunidad por mejorar las condiciones de vida de estas personas y ha asegurado que para la Junta de Castilla y León la mejor política social es el empleo, y por eso trabaja para incrementar año tras año el presupuesto que la Administración autonómica dedica al apoyo a las personas con discapacidad, con 140 millones de euros en este 2018 -lo que supone cuatro millones más que el pasado año y 10 millones más que al inicio de esta legislatura- o con acciones concretas destinadaspara apoyar el empleo de las personas con discapacidad.
Instrumentos para promover el empleo de las personas con discapacidad
Todas las actuaciones de apoyo al empleo para las personas con discapacidad se encuentran integradas en el ‘Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad’. Se trata de un Plan que, elaborado en colaboración y con el consenso del CERMI, impulsa un nuevo modelo mejorado de atención a las personas con discapacidad basado en sus proyectos de vida y en dotarlas de los apoyos que necesiten en cada momento de su ciclo vital.
El primero de estos instrumentos con los que la Junta fomenta el empleo de las personas con discapacidad, muy relacionado además con el empleo con apoyo, son los itinerarios de inserción socio-laboral. En 2017, participaron en estos itinerarios más de 4.000 personas y permitieron la celebración de más de 2.000 contratos, un 24 % más que el año anterior. Alicia García ha señalado que, en 2018, la Consejería está financiando estos itinerarios con más de 4,5 millones de euros y que se van a completar con dos nuevas líneas que ya están en marcha: una para financiar viviendas ligadas a itinerarios que podrá beneficiar a 4.000 personas hasta 2020 y otra de formación de personas con discapacidad como asistentes personales para ayudar a otras personas dependientes.
En segundo lugar, se encuentran los centros especiales de empleo. Al inicio de esta legislatura el objetivo que se marcó fue que 5.000 personas con discapacidad trabajaran en estos centros y, en estos momentos, son ya cerca de 5.500, un 11,8 % más de trabajadores que el año anterior y un 41 % más de los trabajadores que había en 2012, año en el que comenzó esta iniciativa, los que trabajan en los 209 centros especiales de empleo que hay en la Comunidad.
Junto a esto, se encuentra la contratación socialmente responsable de la Junta, gracias a la cual, en 2017, ya se incorporaron cláusulas sociales en cerca del 82 % de la contratación de la Administración autonómica, dos puntos más que en 2016, en 2.723 contratos que superan los 600 millones de euros.
Todos estos avances significativos tienen su continuidad ya que la Junta tiene un claro compromiso por seguir reforzando y acelerando en lo que queda de legislatura la agenda política de la discapacidad en ámbitos como el empleo y se desarrollarán actuaciones como el refuerzo de los itinerarios personalizados de empleo, apoyando la figura del asistente personal y con intención de aprobar este año un nuevo acuerdo en materia de responsabilidad social que recoja aspectos como que todos los contratos de la Administración tengan una cláusula social, medioambiental o de innovación; que se amplíen los porcentajes de reserva de contratos; que traslade la filosofía de la contratación administrativa socialmente responsable en los contratos también al ámbito de las subvenciones públicas, además de extender esta contratación a las corporaciones locales.
Toda este trabajo por el empleo ha permitido que Castilla y León haya registrado, en 2017, una cifra récord de firma de contratos de personas con discapacidad, ya que se llegó a superar los 18.000 contratos, un 13 % más que en 2016.
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