Mientras la Corte Penal Internacional inicia un análisis de la “guerra antidroga” de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, días atrás las fuerzas de seguridad de Bangladesh mataron a 11 supuestos narcotraficantes en una nueva operación que se ha cobrado 30 muertos en una semana, ante las críticas de activistas que la ven como un plan "al estilo" del presidente filipino, es decir, aprovechar la excusa para eliminar opositores.
Fuentes de la Policía y del Batallón de Acción Rápida (RAB, en inglés), un cuerpo policial de élite, confirmaron la muerte de 9 personas en 8 distritos en una operación nocturna, elevando a 30 el número de muertos solo durante esa semana. El portavoz del RAB agregó que han arrestado a más de 3.000 personas y sentenciado a 2.500 en tribunales especiales móviles desde el 4 de mayo.
El letrado del Supremo Jotiirmoy Barua ha dicho que estos asesinatos "ilegales" son una "amenaza para el Estado". Por su parte, la ex directora del grupo por los derechos humanos Ain o Shalish Kendra, Sultana Kamal, asegura que la campaña “es inconstitucional e ilegal". Las fuerzas de seguridad han sido reiteradamente acusadas de cometer asesinatos extrajudiciales que, según la organización de Derechos Humanos Odhikar, entre 2001 y la actualidad, superan las 3.000 muertes.
En fin, la verdad es que debido a la “guerra contra las drogas”, inhumana y cruel como pocas, desde que comenzó con Nixon fueron encarceladas 40 millones de personas y solo en México, desde 2006, murieron más de 80.000. Es la consecuencia de la represión al establecerse la prohibición que pareciera ser solo un negocio de políticos y burócratas. Cómo se explica sino que, en EE.UU., el país con las fuerzas de seguridad mejor equipadas del mundo, sea donde más consumidores existen, es decir, donde más tráfico hay. ¿Son tan ineficientes estas fuerzas o existe connivencia entre traficantes, políticos y policías?
Además, ¿es lícito utilizar la violencia para evitar que alguien se suicide? No lo es, no es lícita la teoría del mal menor como claramente lo dijo Juan Pablo II en su Encíclica “Veritatis Splendor”. Y, además, ¿son drogas tan nocivas? Sin dudas, pero curiosamente otras que son “legales” están causando más daño. Otro argumento es que se trataría del derecho a la legítima defensa ya que los drogadictos serían personas peligrosas para la sociedad.
En primer lugar, no está claro que sean de suyo peligrosos (salvo cuando consumen mezclas tóxicas dada la mala calidad de lo ilegal), más bien parecen disminuidos físicos y mentales; en cambio sí es creíble que, una vez criminalizados por el Estado (en lugar de quedar visibles para ayudarlos), se conviertan en delincuentes ante la imposibilidad de conseguir calmar su adicción por vías normales y a precios no monopólicos. Pero, aun en el caso de la legítima defensa los métodos moralmente aceptables son los pacíficos ya que son los eficientes.
La disyuntiva, al fin de cuentas, es monopolio de los funcionarios o regulación natural del mercado. Por cierto, en contraposición con lo que ocurre en países represores, en Portugal -el país de mayor calidad de vida de Europa, según InterNations- donde la droga es más libre, el número de delitos y drogadictos es menor. Según la ONUDD (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), en Portugal ocurren 0.5 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes mientras que en EE.UU. son 4.7.
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