A continuación, nos hacemos eco del primer capítulo del llamado ‘Informe Higea’:
El gobierno central y la Junta de Andalucía apostaron hace años por los medicamentos genéricos como forma de ahorrar en la factura de la farmacia. Pero la Junta de Andalucía dio un paso más en la apuesta e inventaron las subastas de fármacos. Así, el Gobierno andaluz se convirtió en diciembre de 2011 en la primera administración en establecer la adjudicación del suministro de medicamentos de uso extra hospitalario por convocatoria pública. Su único objetivo era ahorrar en gasto farmacéutico mediante la compra a gran escala aquellos medicamentos que más suelen ser prescritos en la red sanitaria.
Los responsables sanitarios de la Junta de Andalucía quieren ahorrar dinero, sobre todo, en medicinas. Están desde hace unos años muy interesados en que los andaluces tomen medicamentos genéricos más baratos. Pero nadie de los ideólogos de las subastas parece estar preocupado por la calidad de estos medicamentos. Nunca nos paramos a pensar en los problemas de fabricación ni en la composición exacta de los mismos.
Por ello, desde que se implantaron las subastas farmacéuticas, se abrió un gran debate en lo referente a la legalidad, el origen y la calidad de los medicamentos seleccionados, el ahorro producido y el impacto que tiene la instauración de esta medida sobre el personal sanitario y los pacientes. Además, las industrias farmacéuticas españolas de genéricos se han visto desplazadas de las adjudicaciones de medicamentos, conllevando un descenso del PIB y del gasto en I+D, debido a que no pueden competir con los precios ofrecidos por industrias extranjeras, principalmente del tercer mundo.
El principal problema que se plantea en la subasta es si el genérico que compra la Junta en las subastas tienen o cumplen todos los parámetros farmacológicos. Los medicamentos genéricos pueden variar desde el medicamento original en la cantidad de medicamento activo ingrediente (API) es probable que sea absorbido por un paciente típico. Este rango de variación permisible es demasiado amplio para garantizar el mismo efecto terapéutico (bioequivalencia) en todos los medicamentos, y que algunos genéricos han sido aprobados sin haber cumplido con estos requisitos.
Mayor disponibilidad de genéricos y una mayor sustitución entre ellos está exacerbando el problema de la no bioequivalencia y, en principio, requiere un mayor control de los niveles de medicamentos en los pacientes, lo que mitiga el ahorro de precios. Sin embargo, en el medicamento rara vez se monitorean los niveles, lo que lleva a problemas clínicos desconocidos, pero probablemente significativos y a tener en cuenta los posibles efectos fisiológicos y adversos.
Entre 2011 y 2016, hasta 27 plantas de fabricación de medicamentos en India recibieron cartas de advertencia de la FDA por violaciones en la integridad de los datos. Y 15 de ellos tenían alertas de importación emitidas contra ellos, según un informe de Nomura Research. Ninguna de las alertas ha sido retirada, lo que ha provocado demoras en la aprobación de productos o restricciones en la exportación al mercado farmacéutico más grande del mundo.
La administración pública andaluza solo ha tenido en cuenta los aspectos económicos para la implantación del sistema de subastas. Aún no ha habido lugar para analizar aspectos sobre las consecuencias que este procedimiento podría tener en su desarrollo sobre la salud y la calidad de vida de los pacientes, o el coste económico que deriva de una mala atención que puede acabar costando más dinero a la administración del que se han pretendido ahorrar.
Gracias a las subastas de fármacos, los andaluces están obligados a medicarse con unos determinados genéricos, elegidos por el Gobierno andaluz, pese a que hay esas mismas medicinas de otros laboratorios con el mismo precio. Además, sobre algunos de ellos existen fundadas dudas sobre la garantía de su fabricación. Esto convierte a los andaluces en enfermos de segunda en el acceso a antihistamínicos, ansiolíticos, medicinas para la hipertensión, analgésicos, antibióticos, para el colesterol, somníferos o antiinflamatorios.
Además, la práctica clínica diaria pone de manifiesto cómo pacientes que tenían sus patologías controladas han pasado a una situación de descontrol clínico y/o analítico al cambiar la marca del fármaco con el que venía tratándose. Más de un caso ha sido comunicado al Centro Andaluz de Farmacovigilancia. Los pacientes más perjudicados por la subasta son los ancianos polimedicados que reconocen su medicación por la forma o color del comprimido o cápsula o del cartonaje. Así se generan errores en la administración y duplicaciones en las tomas. Se ha vuelto habitual que el paciente acuda a la oficina de farmacia exigiendo que se le sustituya el fármaco de subasta por el que venían tomando.
Los desabastecimientos conllevan a la falta de seguimiento en el tratamiento, esto es debido a que, al cambiar una y otra vez los medicamentos a los pacientes se aumenta la probabilidad de que sufran descompensaciones en sus patologías. Hay que tener en cuenta que los pacientes de la tercera edad son más susceptibles a presentar un deterioro en su salud, ya no solo por la disminución de sus actividades a nivel fisiológico, sino también por el hecho de que la mayoría son pacientes pluripatológicos y, por lo tanto, plurimedicados. Los cambios en la medicación a los que se tiene que enfrentar el farmacéutico se hacen sin informar al médico, siendo éste consciente del cambio cuando detecta una desviación en los parámetros analíticos o cuando se detecta alguna reacción adversa nueva en el paciente.
Según los datos de CEOFA a los seis meses de la primera subasta, los laboratorios adjudicatarios solo eran capaces de asegurar el 46 por ciento de las necesidades; en la segunda, solo el 35 por ciento de las medicinas solicitadas; y los de la tercera, el 65 por ciento. Esta escasez se produciría cuando uno de los laboratorios adjudicatarios tiene problemas de suministro o se retira del proceso, y el resto no puede cubrirlo a tiempo, lo que se traduce en faltas continuadas en las farmacias. En enero de 2015 las compañías adjudicatarias de las subastas abastecían menos de la mitad y para 95 medicamentos, ni el 30% de lo requerido.
José Carmona, presidente de la Asociación Sevillana de Pacientes Anticoagulados y portadores de válvulas cardiacas apuntaba ya en 2015 que “tras las primeras subastas la cosa va a peor. Tan sólo mencionar unas cifras: en Sevilla y resto de la comunidad hay 53.000 pacientes anticoagulados. Esto significa que cualquier anomalía en el tratamiento pone en riesgo nuestras vidas. No podemos estar sujetos a los continuos cambios de medicación. Se mantiene el principio activo, pero la presentación cambia cada dos por tres y dado que el 80 por ciento de los pacientes son personas mayores que superan los 65 años, esto lleva a la confusión”. En este sentido, Carmona porta cifras estremecedoras cuando habla de “que de los 35.000 ictus producidos en España el año pasado, un 50 por ciento han tenido lugar en Andalucía. Además, por datos proporcionados por los grandes hospitales de la comunidad, podemos observar que se han incrementado un 20 por ciento las muertes”. ¿Vinculación directa con las decisiones del SAS en la adjudicación de fármacos? La respuesta no es fácil, pero pone en cuestión un sistema que no ha conseguido su objetivo: el ahorro deseado a lo largo de cada una de las ediciones de cada subasta.
Otro de los efectos negativos es que, como consecuencia de este sistema, los laboratorios y las farmacias han tenido que echar plantillas a la calle. No porque los medicamentos sean ahora más baratos y con menos margen para las farmacias, es que lo que ha quitado la Junta es el margen de negociación de cada farmacia. La mayoría de los auxiliares a los que se han despedido son, precisamente, mujeres jóvenes.
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