Días atrás Andrés Manuel López Obrador -AMLO- cumplió 100 días de gobierno en México siendo el presidente mejor valorado de los últimos 30 años, con 78% de aprobación, según Mitofsky, en tanto que el Índice de Confianza del Consumidor ha logrado su mayor nivel desde 2001. Y, con mayoría en las cámaras legislativas, “gobernar” le resulta extraordinariamente fácil.
Pero al mismo tiempo, organismos estatales multinacionales han reducido sus pronósticos de crecimiento del PBI, como el FMI, y la OCDE que augura un 0,5% menos que su pronóstico anterior dejándolo en 2% y 2,3% para el 2019 y 2020, respectivamente. Más preocupante es que Standard & Poor's haya bajado su perspectiva de calificación de estable a negativa, sobre todo debido a que AMLO decidió cancelar la reforma energética iniciada por su antecesor, reduciendo la participación privada y generando una caída en la inversión y la confianza.
López Obrador quiere fortalecer a la petrolera estatal Pemex -un ejemplo de ineficiencia y corrupción- al mismo tiempo que impulsa medidas “contra la corrupción”. Debido al desabastecimiento del mercado, a los altos precios de la gasolina por los impuestos y a la corrupción en la petrolera estatal, el huachicoleo -robo de combustible- se lleva alrededor del 20% de la producción petrolera mexicana.
Por otro lado, aprobó simbólicas pero loables medidas de austeridad, como renunciar al coche y al avión presidencial, reducir en 40% su sueldo y retirar la pensión vitalicia de los expresidentes, ha limitado los asesores políticos y los viajes al extranjero, cancelado los bonos y los coches oficiales, ha reducido a la mitad el presupuesto publicitario y limitado la renovación de equipos en las oficinas públicas. Pero todo este ahorro lo va a dilapidar en asistencialismo, limosnas que no van al fondo del problema de desocupación y pobreza.
También es loable que, para combatir la inseguridad, haya cambiado el paradigma y anunciado que la guerra contra el narco "se ha terminado". Se dejaría de prohibir la marihuana y la amapola y se daría una polémica amnistía de los capos narcos. Se trata de “una estrategia que no se base exclusivamente en el uso de las fuerzas públicas, sino también de programas sociales".
Pero este plan contempla la creación de una nueva fuerza, la Guardia Nacional, lo que ha sido duramente criticado por organismos internacionales que denuncian que servirá para perpetuar a los militares en las calles.
Según el SIPRI, entre 2014-2018, la guerra contra el narcotráfico -iniciada en 2006- provocó que las importaciones de armas aumentaran 40%, situando al país como el primer comprador latinoamericano y el 34º a nivel mundial. Aunque el aumento más notable fue el de Nicaragua, que multiplicó sus compras -a Rusia- por ocho durante ese período. En tanto que Venezuela cortó totalmente, en 2017 y 2018, las importaciones dada su severa crisis económica.
Ahora, hablando de armas, Arabia Saudí es el principal comprador global -10% de su PBI gasta en defensa, el mayor porcentaje mundial- lo que podría explicar por qué la condena a sus autoridades por el crimen del periodista Khashoggi nunca se concretó. El país árabe, con el 0,4% de la población mundial recibió casi la octava parte -12%- de todas las importaciones globales durante el último lustro siendo el principal cliente de EE.UU. que es el mayor exportador mundial, 36% del total del tráfico.
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