Castilla y León profundizan en los planes de vialidad invernal

El motivo de esta reunión, a la que han asistido los responsables de los equipos que participan en los planes de vialidad invernal de ambas administraciones, es intensificar las fórmulas de coordinación y colaboración, dentro de las competencias que cada una tiene establecidas al servicio del ciudadano, para garantizar el mejor estado posible de las carreteras ante situaciones meteorológicas extremas.

Tanto Mercedes Martín como Suárez-Quiñones han coincidido en señalar que es imprescindible también la colaboración ciudadana para minimizar riesgos. Así, Mercedes Martín ha indicado que “pueden darse situaciones, por la intensidad de las nevadas o de otras condiciones meteorológicas extremas, que obliguen a recomendar a la ciudadanía que no utilicen determinadas vías y también a exigir el uso de cadenas o incluso a prohibir transitar por determinados tramos”. En estos casos, ha pedido “comprensión y colaboración”.

Suárez-Quiñones ha puesto el acento, además, en que es “fundamental la concienciación de la población sobre la necesidad de seguir los consejos y recomendaciones de autoprotección que se emiten ante las posibles situaciones de alerta”.

Con este objetivo es sumamente importante permanecer atentos a las informaciones oficiales transmitidas y seguir las indicaciones que se den por parte de Protección Civil de ambas administraciones, de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La premisa general que mueve tanto al Gobierno de España como a la Junta de Castilla y León es garantizar la seguridad en el movimiento de personas y mercancías por carreteras estatales y autonómicas, respectivamente, en situaciones meteorológicas adversas. Para ello, los principales objetivos son la prevención de la formación de placas de hielo sobre las calzadas cuando se esperen heladas; la información a los usuarios de las carreteras de cualquier incidencia con la antelación suficiente, y, en caso de nevadas, la retirada de nieve para minimizar las perturbaciones al tránsito de vehículos.

Según la delegada y el consejero, esta reunión sirve para “mejorar la coordinación, a los efectos de anticipar y agilizar la toma de decisiones y, de esta forma, mantener operativos los servicios y la seguridad vial en nuestras carreteras”.

También se ha insistido en la "necesaria colaboración" entre las administraciones estatal, autonómica y local (Delegación del Gobierno, Junta de Castilla y León, diputaciones provinciales y ayuntamientos), y con otras comunidades autónomas limítrofes como Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, con las que ya se mantienen contactos en este sentido. Esta coordinación se extiende igualmente a las vías de comunicación que Castilla y León comparte con Portugal.

Dispositivo del Gobierno de España

La Administración General del Estado dispone, para mantener limpios sus 5.600 kilómetros de carreteras (de los que 2.400 son autovías y autopistas y 3.200 son vías convencionales), de 413 máquinas quitanieves, 174 estaciones meteorológicas, silos y depósitos para 86.000 toneladas de sal, depósitos para 4,7 millones de litros de salmuera y 72 plantas para fabricar esta concentración de sal y agua, la salmuera, con la que se consigue extender mejor la sal y evitar la formación de placas de hielo.

También se cuenta con unos 3.000 profesionales, entre las Demarcaciones de Carreteras, la DGT, la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, la AEMET, concesionarias de autopistas y la UME para afrontar el reto de que los ciudadanos se vean perjudicados lo menos posible cuando aparecen estos fenómenos tan habituales en uno u otro punto de nuestro extenso territorio durante el invierno.

De estos 3.000 profesionales del Estado que ya se han tenido que emplear a fondo en los últimos días y lo seguirán haciendo cuando las condiciones lo requieran en esta Campaña de Vialidad Invernal 2019-2020, hay 1.000 personas adscritas a las demarcaciones de Carreteras, contando a los de las empresas que tienen adjudicadas las labores de conservación de los distintos sectores en los que se divide la comunidad autónoma.

Hay además 1.500 agentes de la Guardia Civil. Es un número indicativo puesto que puede incrementarse en función de las necesidades, como ocurre también con los 300 miembros de la Unidad Militar de Emergencias. A todos estos profesionales hay que sumar las 150 personas con las que se cuenta en los Comités Ejecutivos de Emergencias, en el Centro de Control de Tráfico de la DGT y en la Agencia Estatal de Meteorología.

Si en todo momento es muy importante la labor que desarrolla el Centro de Gestión de Tráfico en Castilla y León, se convierte en fundamental en situaciones de condiciones meteorológicas adversas. El Centro, adscrito a la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid (en cuya sede se encuentra ubicado), depende de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y sigue la evolución del estado de las carreteras en tiempo real.

Cuenta, si es preciso, con dieciséis personas por turno para cubrir las 24 horas del día en caso de episodio de nevadas, y controla las carreteras de las comunidades de Castilla y León, Cantabria y Asturias.

Para las carreteras Castilla y León, este Centro de Gestión Tráfico dispone de un circuito cerrado con cámaras de televisión, estaciones meteorológicas y casi 1.200 paneles.

Dispositivo de la Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, desarrolla su campaña de riesgos invernales en coordinación con las consejerías de la Presidencia, Sanidad, Educación, Familia e Igualdad de Oportunidades y Cultura y Turismo, así como con las delegaciones territoriales de la Junta en las nueve provincias, las administraciones locales y la Administración General del Estado.

Precisamente a finales de octubre, el consejero de Fomento y Medio Ambiente se reunió en la sede de la Agencia de Protección Civil con los delegados territoriales de la Junta en las nueve provincias de Castilla y León para profundizar y actualizar los protocolos de actuación en cada una de las provincias y de activación del Plan de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) en sus distintos niveles.

El objetivo del encuentro fue garantizar la coordinación y colaboración en todos los ámbitos que pueden verse afectados, desde la atención sanitaria, el suministro de las empresas proveedoras de servicios básicos o la vialidad de las carreteras, así como para la coordinación de todos los servicios de emergencias de las distintas Administraciones, de acuerdo a los Planes de Protección Civil dirigidos por la Junta de Castilla y León.

El operativo de riesgos invernales de la Junta de Castilla y León cuenta con 1.442 profesionales y 2.471 voluntarios de 107 asociaciones y agrupaciones de Protección Civil que actualmente hay en Castilla y León. A ello hay que añadir los medios materiales, 146 máquinas quitanieves y 123 almacenes de fundentes propios, que se completan con las dotaciones del Estado y de las diputaciones provinciales y ayuntamientos, todos, en palabras de Suárez-Quiñones, “con una clara vocación de colaboración y coordinación para reducir el tiempo de atención y respuesta, garantizando una actuación eficaz ante cualquier incidente”.

El dispositivo cuenta también con la colaboración de las empresas de suministros y prestación de servicios básicos, como luz, agua, gas y combustible, telefonía, autopistas, transportes, etc., todo ello bajo la coordinación del Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2.

Además se podrán movilizar todos los recursos sanitarios, con 29 hospitales y 277 centros de salud y puntos de atención continuada, 3 helicópteros sanitarios, 159 Unidades de Soporte Vital, Básico y Avanzado, y 377 ambulancias colectivas y convencionales. Además, hay que sumar la colaboración de la consejería de la Presidencia, aportando todos los canales de información, así como con Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Cultura y Turismo que suman sus recursos en lo que se refiere a red de alojamientos residenciales, centros educativos y culturales, pabellones deportivos y de ocio, así como los albergues que puedan ser susceptibles de utilización en caso de emergencia.