El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, que recupera el IPC anual como factor de revalorización, incluye nuevas medidas sobre jubilación y refuerza la estructura de ingresos del sistema.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que esta reforma es el primer paso para "una modernización del sistema de pensiones que dé tranquilidad a los pensionistas de hoy y de mañana".
Rodríguez también ha subrayado que el texto "surge de la recuperación de la conversación y el acuerdo", ya que recoge una parte importante de las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño -que, a su vez, se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- y el acuerdo firmado el 1 de julio entre Gobierno y los interlocutores sociales.
La portavoz ha anticipado que, a partir de otoño, se abordarán otras cuestiones como la cotización de los autónomos por ingresos reales, la equiparación de las parejas de hecho en el acceso a la pensión de viudedad o a la cotización de los becarios.
Isabel Rodríguez ha destacado que el proyecto de ley aprobado recupera el IPC como mecanismo de revalorización de las pensiones: "A partir de ahora ningún pensionista tendrá que preocuparse de sus pensiones, siempre se van a poder revalorizar, y en caso de que el IPC sea negativo se mantendrán con el año anterior".
Otro segundo bloque de medidas, ha continuado, abordan el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria, mediante la revisión de las condiciones para las jubilaciones anticipada, demorada y forzosa.
Así, por ejemplo, se van a mejorar y flexibilizar los coeficientes reductores de jubilación anticipada voluntaria e involuntaria. Y para incentivar la jubilación demorada, se prevén fórmulas como un 4% adicional de pensión de por vida, una cantidad a tanto alzado o una combinación de ambas medidas.
Como novedad, los pensionistas de clases pasivas van a tener la misma regularización que el resto en cuanto a revalorización e incentivos en la demora de la jubilación.
Finalmente, se refuerza la estructura de ingresos del sistema con una mejora de la financiación de la Seguridad Social, que recibirá una transferencia anual del Estado.
El Consejo de Ministros ha acordado declarar trece comunidades autónomas zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC). Son, concretamente, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Illes Balears, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias, a causa de los incendios de este verano, y la Comunidad Valenciana y La Rioja por las inundaciones que les afectaron, respectivamente, en noviembre de 2020 y junio de este año.
Isabel Rodríguez ha recordado que esta declaración permitirá a los afectados, ya sean personas físicas o jurídicas, acceder a ayudas para paliar daños personales y materiales producidos en infraestructuras, viviendas, enseres y establecimientos ganaderos, agrarios, industriales, mercantiles o de servicios. Las corporaciones locales afectadas también podrán recibirlas en sus labores de recuperación de las áreas devastadas por el fuego.
La portavoz del Gobierno ha hecho un reconocimiento expreso al trabajo y diligencia de los medios de prevención y extinción de incendios -desde la Agencia Estatal de Meteorología a las unidades de protección civil, BRIF, UME y dispositivos de comunidades autónomas- y a la sociedad civil por su reacción ante los hechos, y ha destacado que, gracias a este trabajo y esfuerzo colectivo, no se han tenido que lamentar pérdidas humanas.
El Gobierno ha analizado el informe de situación del centro de acogida temporal de la operación de evacuación desde Afganistán.
La portavoz, tras advertir que los datos cambian a lo largo de las horas de acuerdo con las circunstancias, ha ofrecido los de las 8 de esta mañana: han llegado a nuestro país más de 800 personas -de las que más de 250 han sido atendidas por el sistema de acogida español- y se prevé lo largo del día la llegada de otras 290 personas y la salida desde el país asiático de 242.
En Afganistán permanecen solo los efectivos del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal diplomático esenciales para que puedan salir todos los colaboradores afganos de España y sus familiares, así como los de la Unión Europea y Estados Unidos.
"La intención del Gobierno es agotar todos los tiempos, intentar traer a todas las personas posibles en el menor tiempo posible", ha dicho Rodríguez, que ha agradecido la disposición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en lo que ha definido como "una tarea de todos" que muestra "los mejores valores de España, de los españoles y de las españolas".
La ministra ha elogiado que España haya mostrado de nuevo su mejor versión en un asunto relacionado con la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y el orden internacional, y lo ha considerado un éxito de país, reconocido a nivel internacional.