La Junta de Castilla y León ha acordado aplicar una bonificación adicional del 20 %, con fondos propios, al precio de los abonos transporte y títulos multiviajes, de los servicios de transporte terrestre de su competencia, en base al Real Decreto publicado hoy en el BOE, en el que el Gobierno se compromete a financiar el 30 % del precio del transporte público colectivo de titularidad autonómica o municipal, siempre y cuando las comunidades autónomas o los ayuntamiento asuman ese 20 % adicional, que permitirá alcanzar una bonificación total del 50 %
La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha decidido aplicar esta medida sin conocer el presupuesto que el Gobierno destinará para financiar su parte del 30 % y sin haber recibido todavía el importe de la bonificación que se está aplicando desde el pasado 1 de septiembre, mediante el Real Decreto 11/2022, de 25 de julio. Ante esta situación, la Junta ha abonado a los concesionarios el importe comprometido por el Gobierno de España, correspondiente al año 2022, que aún no ha sido transferido a la comunidad. Desde la Consejería se considera que esta medida es “improvisada y caótica” y no ha tenido en cuenta ni la opinión de las comunidades autónomas ni del sector. La Junta considera que es imprescindible que el Gobierno adelante dicho importe a las comunidades autónomas, para que los concesionarios de la prestación de los servicios de transporte terrestre no se vean obligados a sustentarla, como ha ocurrido en el último trimestre.
Bonificaciones de la Junta
Esta bonificación del 20 % se suma a las que ya viene aplicando la Junta de Castilla y León en los abonos de transporte de su competencia, que van desde el 35% en los abonos del transporte metropolitano al 100 % del bono rural transporte a la demanda.
La implementación de todas estas medidas de bonificación se suma a los 38 millones de euros ya destinados por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital en el año 2022 para el sostenimiento del transporte de viajeros de su competencia en una clara apuesta por este servicio público esencial. Durante los últimos tres ejercicios presupuestarios, ese montante ha ascendido a más de cien millones de euros, lo que ha permitido garantizar, de un lado, la prestación del servicio de transporte público en condiciones de normalidad y, de otro, la liquidez del tejido empresarial y el nivel de empleo en el sector.