El Gobierno de España ha llegado a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para recuperar el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos, una modalidad que permite trabajar a tiempo parcial mientras se cobra parte de la pensión. Este pacto revierte una medida de austeridad adoptada en 2012 y busca fomentar la transferencia de conocimiento entre generaciones en el sector público. El nuevo marco regulador se alineará con las disposiciones del sector privado y se implementará mediante modificaciones al Estatuto Básico del Empleado Público. Los relevistas serán funcionarios de carrera, garantizando que no haya costes adicionales para el presupuesto.
Madrid, 18 de diciembre de 2024.- En un paso significativo hacia la mejora de las condiciones laborales en el sector público, el Gobierno ha firmado un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para recuperar el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos. Este pacto se produce tras una revisión de las políticas implementadas en 2012 que eliminaron esta opción.
La jubilación parcial permite a los trabajadores compaginar un empleo a tiempo parcial con el cobro de una parte de su pensión, facilitando así una transición más suave hacia la jubilación completa. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, destacó que este acuerdo no solo restablece un derecho perdido, sino que también busca eliminar disparidades injustificadas entre el sector público y privado.
López subrayó que “con este acuerdo recuperamos un derecho suprimido con las medidas de ajuste y austeridad adoptadas por el anterior Gobierno en el año 2012”. Además, enfatizó la importancia de fomentar la transferencia de conocimiento entre generaciones dentro del sector público.
La figura de la jubilación parcial había sido eliminada del artículo 67 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) como parte de las políticas restrictivas. La reintegración de esta modalidad responde a uno de los compromisos establecidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado por el Gobierno y los mismos sindicatos en 2022.
El nuevo acuerdo estipula que la jubilación parcial en el sector público se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente sobre Seguridad Social y Clases Pasivas. Esto incluye adaptaciones normativas necesarias para alinear este derecho con lo acordado recientemente para el sector privado durante las negociaciones del Diálogo Social.
Un aspecto destacado es que los “relevistas”, aquellos que ocuparán los puestos dejados por los jubilados parciales, serán funcionarios de carrera. Esto implica que se deberán prever las plazas correspondientes en las ofertas de empleo público, asegurando así que no se generen costes adicionales al presupuesto estatal.
Los firmantes del acuerdo han acordado llevar inmediatamente estas disposiciones a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para iniciar los trámites necesarios para modificar la normativa correspondiente.
El Gobierno ha acordado recuperar el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos, permitiendo compatibilizar un trabajo a tiempo parcial con el cobro de parte de la pensión.
Este derecho fue suprimido en 2012 como parte de las medidas de ajuste y austeridad. La recuperación del mismo busca eliminar una asimetría injustificada con los trabajadores del sector privado y fomentar la transferencia de conocimiento entre generaciones en el sector público.
La jubilación parcial en el sector público se ajustará a lo establecido en la legislación de la Seguridad Social y Clases Pasivas, siguiendo el nuevo marco regulador pactado en el Diálogo Social.
El "relevista" será un funcionario de carrera que asumirá las funciones del empleado público que se jubile parcialmente, garantizando que no haya costes presupuestarios adicionales al prever las plazas correspondientes en las ofertas de empleo público.
Los firmantes del acuerdo han comprometido a trasladar su contenido a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para iniciar el trámite de modificación de la normativa de inmediato.