Según ha informado el propio INE, el organismo controlará desde hoy hasta el próximo 21 de noviembre los movimientos de miles de españoles a través de sus teléfonos móviles. El objetivo es analizar los flujos de personas del hogar al lugar de trabajo, dónde se encuentra el lugar de trabajo de forma agregada y establecer tendencias que se podrán usar para que los ayuntamientos tomen decisiones relativas al transporte y la movilidad.
Pagaza ha subrayado que la operación puesta en marcha por el INE genera un “precedente” importante. “Sabemos que el reglamento actual de protección de datos europeo permite que las instituciones públicas puedan utilizar datos para mejorar políticas públicas”, ha recordado, “pero al mismo tiempo debemos asegurar que la normativa europea se cumple estrictamente”. “Los ciudadanos deben estar informados en todo momento verazmente sobre la utilización que se hace de sus datos”, ha aseverado.
“Queremos que el Supervisor Europeo de Protección de Datos corrobore que la operación se ha desarrollado de acuerdo con la normativa”, ha insistido, “y que si se detecta alguna irregularidad se corrija de forma inmediata para proteger los derechos de los consumidores”. “Nuestros datos son fundamentales para nuestra libertad”, ha concluido.