Así lo indicó el presidente de los populares a través de un mensaje publicado en Twitter tras analizar “con expertos, exministros y exsecretarios de Estado del área económica del PP el déficit público de 2019 que se acaba de conocer”.
“El Gobierno lo disparó al 2,7%, rompiendo 6 años de bajadas”, criticó Casado, antes de señalar que esto supone “más de 33.000 millones de euros perdidos para luchar contra el coronavirus”.
“Así no” ha advertido el líder de la oposición al jefe del Ejecutivo
Según precisaron desde Génova, Casado pudo estudiar esta mañana la situación en una videoconferencia con dirigentes como Elvira Rodríguez, Mario Garcés y Daniel Lacalle, además de otros exministros y exsecretarios de Estado que ahora están en el sector privado.
Casado aludió de esta forma déficit público de España, que se situó en 2019 en el 2,7% del PIB, siendo el primer ejercicio en el que aumenta desde 2012, tras incrementarse en dos décimas respecto al cierre de 2018 y situarse lejos del objetivo del 2% que se había fijado el Gobierno de Pedro Sánchez.
Así lo adelanta hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus ‘Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales’, en las que señala que en el conjunto de 2019 las Administraciones Públicas presentaron una necesidad de financiación de 33.223 millones (2,7% del PIB), frente a los 30.495 millones (2,5% del PIB) de 2018.
De esta manera, el Ejecutivo no logró reducir el déficit público hasta el 2% que se había propuesto y que incluyó en el plan presupuestario de 2020 remitido a la Comisión Europea en octubre del pasado año, en el que sobre esa base preveía reducir el déficit en el presente ejercicio al 1,7%.
El dato adelantado hoy por el INE pone en cuestión la viabilidad de la nueva senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno y aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado a principios de este año.
Dicha senda fija unos objetivos de déficit del 1,8% para 2020, 1,5% en 2021, 1,2% para 2022 y 0,9% en 2023, metas que ya se iban a ver comprometidas por el retraso en la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2020 y, en mayor medida, por el impacto económico de la pandemia del Covid-19.