Así, el Grupo Por Ávila en la Diputación ha puesto en conocimiento de las dos Administraciones lo que ocurrió en la última sesión plenaria de la institución provincial, que tuvo lugar a puerta cerrada y no se pudo seguir ni presencial ni telemáticamente en directo.
En ambos escritos se pide “que sea analizada la legalidad de la sesión desde el punto de vista formal” por “presunto incumplimiento del principio de publicidad”, recogido por ley. Asimismo se solicita que, en caso de considerar que existe dicho incumplimiento, la sesión plenaria en cuestión “sea declarada nula de pleno derecho, con todos los efectos jurídicos que tal declaración conlleva”.
En nombre del Grupo, el portavoz provincial de Por Ávila, Alberto Encinar, explica que el pleno del mes de octubre que “se celebró sin permitir la asistencia presencial de público con motivo de la pandemia”. Tampoco fue retransmitido en directo por ningún medio, “alegando el señor presidente de la Diputación, en contestación, un fallo técnico” al ser preguntado por Encinar. En tres ocasiones, el portavoz de Por Ávila advirtió el hecho de que el pleno no se estaba celebrando con la publicidad requerida, solicitando un receso hasta ser solucionado el problema.
Según la legislación vigente, la publicidad de los plenos “debe entenderse desde el punto de vista de una publicidad activa”, asegura Encinar. Es decir, “no significa que la sesión del pleno se haya de publicitar, sino que es pública stricto sensu”. Esto supone que se debe “garantizar la asistencia del público durante la celebración de la misma”.
Debido a la situación provocada por la pandemia de la Covid-19, la única forma de que exista esta publicidad activa es vía telemática.
Como ya se hizo durante el pleno, en repetidas ocasiones, así como posteriormente, Por Ávila se remite a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. En este documento, en su última modificación, se incluye un apartado 3 al artículo 46 con esta posibilidad y “obligando a disponer de los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas”, según proceda en cada caso.
El Grupo Provincial Por Ávila vuelve a cuestionarse si “fue casualidad” el hecho de que en este pleno “no público” se tratara un punto referente a la denuncia de un diputado del Partido Popular a la Diputación. Asimismo se trató la sentencia condenatoria a dicha institución tras su allanamiento, sin recurrir una sentencia desfavorable para la Diputación y sin que ésta hiciera un recurso de súplica.
De esta forma, la Diputación Provincial de Ávila “no solo no se ha defendido ante una sentencia desfavorable”, sino que “ha favorecido a un diputado del grupo político del equipo de gobierno”.