El procurador abulense, durante la sesión de control al gobierno de la Junta, ha lamentado que Castilla y León sea una de las pocas comunidades autónomas en las que no existe una normativa que regule los derechos de las personas adultas y menores trans y de sus familias, por lo que ha pedido que se avance en este sentido y que, sobre todo, se cuente con los diferentes colectivos afectados en su desarrollo.
En concreto, Pascual se ha referido al Protocolo que regulaba los derechos del alumnado trans en la comunidad y que, a comienzos del curso 2019-2020, dejó de aplicarse a pesar de que, durante el tiempo que estuvo en vigor, supuso un “gran avance” y permitía, entre otras cosas, el uso del nombre social en los colegios o institutos, sin necesidad de realizar ningún cambio previo en el Registro Civil.
Por ello, Pascual ha pedido que, en la elaboración de la nueva norma, se prime, por encima de todo, el bienestar del alumnado trans y de sus familias y que contemple, también, medidas de prevención contra el acoso escolar mediante la formación en los centros, tanto al profesorado con al alumnado.