Las Mesas Generales de las Administraciones Públicas y de la AGE se han reunido para discutir las nuevas previsiones sobre jubilación de los empleados públicos. En esta reunión, se informó sobre un acuerdo para recuperar la jubilación parcial y se propuso extender el umbral de jubilación forzosa a 72 años. Las negociaciones continuarán en enero, con el objetivo de impulsar reformas que retengan talento y faciliten la transmisión de conocimientos en el sector público. Además, se presentó un proyecto para transformar la planificación de recursos humanos en la Administración General del Estado.
En una reunión celebrada el 19 de diciembre de 2024, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de su Secretaría de Estado, ha convocado a las Mesas Generales de Negociación. En este encuentro se abordaron las previsiones relacionadas con la jubilación de los empleados públicos. Durante la sesión, se informó sobre un acuerdo alcanzado recientemente que busca recuperar el derecho a la jubilación parcial para este colectivo.
La secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, presidió ambas mesas: una correspondiente al conjunto de las Administraciones Públicas y otra específica para la Administración General del Estado. El acuerdo firmado con UGT Servicios Públicos y CCOO es parte del compromiso establecido en el Acuerdo para una Administración del siglo XXI, que fue suscrito en 2022.
Entre los temas discutidos también destaca la propuesta de elevar a 72 años el umbral para la jubilación forzosa, actualmente fijado en 70 años. Esta medida permitiría que aquellos empleados públicos que lo deseen continúen trabajando más allá de la edad ordinaria de retiro. Además, se avanzó en modificaciones relacionadas con la incapacidad permanente, buscando evitar que esta situación implique automáticamente la jubilación, permitiendo así que los afectados permanezcan activos si se puede adaptar su puesto laboral.
Las partes han acordado impulsar reformas normativas con celeridad y continuar trabajando en medidas que faciliten tanto la retención del talento como la transmisión intergeneracional del conocimiento dentro de las administraciones públicas.
En el marco de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, se presentó un proyecto destinado a transformar la planificación de recursos humanos. Este plan se desarrollará durante 2025 y está alineado con lo establecido en el Real Decreto-Ley 6/2023 y en la Orden TDF/380/2024. El objetivo es avanzar hacia una gestión basada en datos que coloque a los ciudadanos y a los servicios públicos en el centro del análisis.
El proyecto incluirá nuevos desarrollos tecnológicos y un plan piloto específico para mejorar el área funcional dedicada a atención ciudadana. Asimismo, se prevé una nueva Oferta de Empleo Público adaptada a las necesidades actuales de la Administración.
Por otro lado, se ha constituido formalmente la Mesa General de las Administraciones Públicas tras los recientes resultados electorales sindicales. Las partes han acordado volver a reunirse en enero para seguir presentando propuestas mediante el diálogo social. Esto permitirá avanzar hacia el cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: reducir la temporalidad mediante la estabilización de 300.000 plazas, meta que se espera alcanzar dentro del plazo previsto este mes.
Se ha firmado un acuerdo para recuperar el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos, que fue presentado en las Mesas Generales de Negociación.
Se ha abordado la posibilidad de extender el umbral de la jubilación forzosa a los 72 años, para aquellos empleados públicos que deseen continuar trabajando voluntariamente después de alcanzar la edad ordinaria de retiro.
Se está avanzando en modificar la incapacidad permanente para que no implique una jubilación automática, permitiendo que los afectados permanezcan en servicio activo si es posible adaptar sus puestos de trabajo.
Las partes han acordado reunirse nuevamente en enero para seguir presentando propuestas y avanzar en el diálogo social.
El objetivo es reducir la temporalidad mediante la estabilización de 300.000 plazas, lo cual se ha logrado dentro del plazo establecido este mes de diciembre.